La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de los derechos civiles presentaron el miércoles una demanda federal desafiando las políticas de la administración Trump con respecto a los llamados acuerdos de "tercer país seguro", firmados con países como Guatemala, El Salvador y otras naciones.
ACLU reafirmó que las personas tienen el derecho legal de solicitar asilo en EE.UU., a menos que puedan ser enviados a otro país seguro mediante un acuerdo válido. Sin embargo, el primer país debe proporcionar "acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo" y un refugio seguro. Según citó la organización los países centroamericanos no cumplen con ese estándar.
"La administración Trump ha creado un juego mortal de sillas musicales que deja a los refugiados desesperados sin un refugio seguro, en violación de la ley estadounidense e internacional", dijo Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. "La administración está tratando ilegalmente de rechazar a los solicitantes de asilo y pasar el dinero a otros países que no pueden protegerlos".
La demanda, fue presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., y cita violaciones de la Ley de Refugiados, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los demandantes son solicitantes de asilo que huyeron a Estados Unidos y fueron trasladados a Guatemala, así como a organizaciones que atienden a solicitantes de asilo.
Entro los demandantes se encuentran: uno que huyó de Honduras luego de que miembros de la pandilla MS-13 lo atacaron; otro de El Salvador perseguido por sus preferencias sexuales y quien fue víctima de insultos homofóbicos en Guatemala mientras viajaba hacia la frontera de Estados Unidos; también una madre y su hijo que fueron perseguidos por pandilleros. Todos ellos dijeron que no se sentían a salvo en Guatemala.
De acuerdo con AP funcionarios de la administración Trump ha dicho que los acuerdos son legales y que son pactos diplomáticos entre naciones y tienen como objetivo limitar el asilo en Estados Unidos.
Las autoridades de inmigración también han restringido la cantidad de refugiados que acogen. Los pactos, firmados en los últimos meses, permiten que el gobierno envíe a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México a un país distinto del que huyeron, incluso a uno en el que no hayan estado.
Hasta la fecha más de 55.000 personas han sido enviadas a esperar en México sus procesos de asilo, y a muchas de ellas les han negado el asilo si han viajado por otro país para llegar a Estados Unidos.
Según la demanda presentada por ACLU los nuevos acuerdos “cierran ilegalmente las puertas de nuestra nación a la gente que huye de una violencia terrible y de otras formas de persecución al negarles el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos y enviarlos a países peligrosos donde prácticamente no hay una posibilidad de que encuentren refugio”.
Reuters citó por su parte que el recién juramentado presidente de Guatemala Alejandro Giammattei dijo que una de las medidas para frenar la migración de indocumentados a través de las fronteras de su país será la revisión exhaustiva de documentos de menores que acompañan a migrantes para asegurarse de que son sus hijos o están bajo su tutela.
Las autoridades guatemaltecas van a ser "extremadamente exigentes", expresó Giammattei y luego advirtió que si los migrantes no cuentan con los documentos que respalden su parentesco, los niños van a ser devueltos a Honduras.
Muchas de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para restringir la inmigración han sido frenadas por acciones judiciales, incluido un fallo emitido el miércoles por un juez, el cual impide que las autoridades gubernamentales implementen una orden ejecutiva que autoriza a los funcionarios de gobiernos estatales y locales a evitar que los refugiados se asienten en sus jurisdicciones.
Con información de AP y Reuters
