La Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista de Venezuela inició este viernes la consulta pública de un proyecto de ley que, según representantes de la sociedad civil, busca “aniquilar” la autonomía de las ONG.
“¿Qué viene sucediendo? Que hay un pequeño grupo de organizaciones que a veces no tienen ni siquiera personalidad jurídica, son un maletín con mucho dinero, que provienen, algunos del extranjero, y de dudosa procedencia (…) y que no se rinde cuenta, que no se sabe de dónde viene y en qué son utilizados”, expuso Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la AN, durante el inicio de la consulta.
García agregó que el objetivo de la ley es garantizar la "transparencia" y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero. Mientras tanto, los críticos cuestionan la opacidad con la que el gobierno maneja información oficial de interés público.
El chavismo argumenta que existen 62 ONG que operan con fines “absolutamente políticos” y que son financiadas por otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de “generar desestabilización”.
“Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Más Ciudadanos”, fueron citadas por el parlamentario oficialista Pedro Infante como organizaciones que, según dijo, están vinculadas con partidos políticos.
En enero del año pasado, la AN aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que según diputados oficialistas no pretende acabar con el derecho de asociación ni con su actuación.
Su aprobación en primera discusión fue cuestionada por representantes de al menos 400 organizaciones que advirtieron se dio por “vía exprés” y sin respetar los procedimientos para la creación de leyes.
Además, han advertido que la ley busca “ilegalizar” a las ONG, tal y como ha ocurrido en Nicaragua, y “suprimir” el derecho de asociación.
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, advirtió este viernes que, de aprobarse la ley, las asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, organizaciones sociales y redes virtuales del país “quedarían ilegalizadas masivamente”.
“El gobierno pretende que solo existan Asociaciones Civiles que ellos reconozcan por resolución. Todas asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones y organizaciones quedarían inexistentes y sancionables hasta cumplir con el laberinto de registros que exige la ley”, expuso en la red social X.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas alertaron el año pasado que la ley podría “afectar el ejercicio de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de asociación, así como los derechos de las personas que participan y se benefician de las actividades de organizaciones constituidas como diferentes tipos de asociaciones”.
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