Como en el resto del mundo, instituciones y funcionarios en Venezuela usan la red social Twitter para difundir información, pero, en ocasiones, también propician “casos de bloqueos múltiples”, revela un informe de Espacio Público.
La Organización No Gubernamental que busca promover la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, elaboró una encuesta a periodistas y defensores de DDHH y, “de las 32 respuestas de propietarios de cuentas, se identificaron un total de 46 bloqueos” a contenidos de cuentas de funcionarios.
“¿Por qué es mayor la cantidad de bloqueos en relación al total de respuestas de propietarios? Porque encontramos que una cuenta está bloqueada por dos o tres funcionarios al mismo tiempo”, explica Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
De acuerdo al estudio, el 50 % de las cuentas afectadas (bloqueadas), pertenecen a periodistas y un 49 % son activistas de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el parlamentario chavista Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro y el alcalde del municipio El Hatillo, Elias Sayegh, resultaron ser los funcionarios que con “mayor frecuencia” bloquearon a los usuarios encuestados.
“La mayoría de las cuentas de los funcionarios que bloquean combinan en sus publicaciones contenidos personales e institucionales. Señalar que la cuenta es personal y que eso valida bloqueos masivos, es una excusa regularmente invocada por funcionarios cuando se les cuestiona por los bloqueos arbitrarios”, expone el informe titulado “Te ha bloqueado”: sin acceso a información pública.
Se trata de “prácticas abusivas” que responden a un ejercicio extendido de costumbres “no democráticas”, sostiene Rodríguez.
La investigadora agrega que, de acuerdo a las personas bloqueadas, los posibles motivos que habrían llevado a funcionarios a impedirles revisar la información publicada en sus cuentas son emitir opiniones sobre temas de interés público o sobre el desempeño de funcionarios en sus cargos; por preguntar sobre temas vinculados a gestión pública o solicitar rendición de cuentas.
“O por retuitear algunos contenidos críticos que involucran a estos funcionarios. Esto a partir de lo que percibe la persona que fue bloqueada, por lo general quienes bloquean no ofrecen mayor explicación sobre las causas de los bloqueos”, añadió durante la presentación del informe esta semana.
Una práctica común
Rodríguez destaca que la situación de bloqueos ocurre “con cierta frecuencia” en América Latina y, como ejemplo, se refirió a un caso ocurrido en 2019 en México, donde se registró una denuncia judicial que se elevó a la Suprema Corte de Justicia y que terminó otorgando un amparo al periodista Miguel León, por el bloqueo del fiscal general del estado de Veracruz.
“Si bien la situación se suele normalizar, en el sentido de que no hay mayor costo en relación a estas prácticas, vemos cómo en la región ha ido escalando a instancias judiciales y ha tenido resultados óptimos ya que las sentencias han favorecido a las personas perjudicadas precisamente invocando la prioridad que tiene el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información”, puntualizó.
En el caso del periodista mexicano, la Corte Suprema mexicana argumentó que la cuenta se utilizaba “de facto o de hecho” para dar información sobre la gestión de la fiscalía.
Acciones
Para Rodríguez, ante la “cultura de opacidad” instalada en la gestión pública, se vuelve necesario el desarrollo de políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información por cualquier vía.
Ante la falta de acceso directo a la fuente, las redes sociales se han convertido en una herramienta para que periodistas venezolanos puedan tener información oficial y, en ese sentido, consultada por VOA sobre las acciones que el gremio puede implementar para exigir que funcionarios públicos cesen las prácticas de bloqueos, la investigadora recomienda documentar la situación.
“Hay muchas quejas, pero a veces no hay registro, en principio identificarlo para probar que efectivamente existen y denunciar y subir el costo a estas restricciones entendiendo que son limitaciones de acceso a la información”, expuso.
El informe recuerda que los estándares internacionales plantean la necesidad de mantener principios de transparencia de rendición de cuentas en “honor” al principio y al derecho de acceso a la información pública.
Además, Espacio Público subraya que las restricciones violentan principios asociados a la libertad de expresión que incluyen internet, entre ellos el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de DDHH.
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