El gobierno de Bolivia, a través de su ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que las autoridades han tomado “acciones concretas” sobre 10 recomendaciones presentadas en Ginebra el martes por el relator especial de la ONU para la Independencia Judicial sobre la justicia en el país suramericano.
El informe del relator Diego García-Sayán, quien visitó Bolivia del 15 al 22 de febrero, es una radiografía de la justicia boliviana, en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de subrayar sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.
“Las 10 recomendaciones finales que realiza a partir de su informe el relator, han tenido ya acciones concretas en el proceso que ha venido desarrollando mi país”, dijo el ministro Lima.
Sin embargo, advirtió: “Nosotros vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar, malinterpretar determinaciones y afirmaciones del relator”.
Uno de los puntos destacados del reporte de García-Sayán se refiere a la detención preventiva, donde dijo que “siete de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias de detención, es muy grave también la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349%”.
Lima no comentó nada sobre el llamado del relator al “derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley sin ninguna excepción”, en referencia a la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien recientemente fue condenada a 10 años de prisión en uno de sus procesos.
Fue precisamente la hija de Áñez, Carolina Ribera, quien destacó una carta de su madre en la que denuncia, afirma, los atropellos del gobierno.
“Hoy soy prisionera, estoy secuestrada por este gobierno que ha hecho del Ministerio Público y del poder judicial un sicariato”, dice la carta.
En las últimas horas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido expresó su preocupación por el procedimiento desarrollado por un tribunal ordinario en la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez.
También llegaron a La Paz los diputados del Foro de Madrid Víctor González, de España, y Victoria Villarroel, de Argentina, para comprobar personalmente la situación de Áñez y cuestionaron la falta de independencia en el sistema judicial boliviano.
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