La degradación ambiental en Venezuela “avanza de manera sistemática en todo el territorio nacional”, en gran parte a consecuencia de las políticas gubernamentales, según concluye una investigación del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP).
La OEP es una organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socio ecológicos.
En el contexto de la peor crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, se ha configurado un escenario de daño ambiental “caótico”, aseguró el antropólogo Francisco Velásquez durante la presentación de un informe sobre la situación socioambiental en el país en 2021.
De acuerdo con la investigación, el gobierno venezolano ha continuado “consolidando” mecanismos legales que buscan “favorecer” las actividades de explotación de recursos con “pocos controles”.
Señala como ejemplo a la Ley de Zonas Económicas Especiales, el caso del Arco Minero del Orinoco, y cómo los instrumentos legales fundamentalmente favorecen a la inversión extranjera y nacional, así como a “grupos de poder políticos y económicos en detrimento de la naturaleza y en general de la comunidad”.
“Observamos con preocupación el avance de las lógicas de despojo, de explotación de la naturaleza y los territorios, los cuales son llevados por entramados de corrupción de diversos grupos, grupos armados que se coaligan con sectores del Estado y que le han dado un perfil al extra activismo más depredador de lo que en sí mismo es”.
Al respecto, Elsa Gabriela Rodríguez, socióloga e investigadora del OEP, advirtió que el discurso gubernamental y la instrumentalización de leyes que “propician la expansión de la minería” ha ocasionado la “explotación intensiva” de minerales en distintos estados de Venezuela, incluso en parques nacionales.
“Hay contaminación con mercurio en diversas cuencas hidrográficas del país y hay presencia de mercurio por bioacumulación en distintas comunidades indígenas y mineras. Más de tres investigaciones dan los mismos resultados en distintas zonas del país”, añadió.
El impacto social es significativo en varios estados donde el informe expone incursión y permanencia de grupos armados irregulares, violencia criminal y desplazamientos forzados, casos de esclavitud moderna, violencia de género y distorsión de las dinámicas de las comunidades indígenas.
Opacidad y ausencia de datos oficiales
Desde 2016, Petróleos de Venezuela (PDVSA) no publica balances ambientales. Ante el “vacío de información”, diversas organizaciones, entre ellas el OEP, comenzaron a monitorear reportes y denuncias sobre los derrames petroleros en el país.
Ante los “continuos” derrames, “lo que más preocupa”, son las “escasas” declaraciones de las autoridades y su forma de abordar el asunto es “en extremo indolente”, precisa el informe.
Rodríguez detalló que entre enero y noviembre de 2021, identificaron 73 derrames petroleros y contabilizaron 8 explosiones/incendios en diversas instalaciones de PDVSA.
“Expertos han indicado los distintos impactos ambientales, cómo afecta al ecosistema marino, pero también los derrames terrestres afectan a los cultivos, al ganado. Identificamos casos de dueños de fincas y agricultores que perdieron sus cosechas por el derrame de petróleo en esas zonas. Contaminación de fuentes de agua por la filtración de hidrocarburo”, detalló Rodríguez.
Un “grave avance de deforestación”, la expansión de un turismo “depredador” y VIP en áreas protegidas, la crisis y gestión de desechos y residuos, la crisis del agua y el impacto del cambio climático fueron otros elementos abordados detalladamente en el informe.
En varias ocasiones funcionarios gubernamentales y el propio presidente Nicolás Maduro han asegurado que la Ley de Zonas Económicas Especiales, que próximamente podría ser aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, pretende generar “riquezas y nuevas fuentes de desarrollo” para el país.
El proyecto de Ley Orgánica, define a las ZEE como “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo cual exige un sólido marco legal e instituciones eficientes, libres de burocratismo”.
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