Para miles de familias centroamericanas, las remesas no son solo un ingreso extra, sino la base de su sustento diario. En muchos hogares, con este dinero ponen comida en la mesa, pagan el techo donde viven, cubren la educación y la salud.
Sin embargo, las recientes políticas de deportación masiva en Estados Unidos han generado incertidumbre sobre el futuro de estos envíos, y muchos se preguntan: ¿Qué pasará con los hogares que dependen de este dinero? ¿Las economías de países como Guatemala, El Salvador y Honduras se desestabilizarán?
En 2024, Guatemala recibió más de 21.500 millones de dólares en remesas, una cifra que equivale al 20 % de su Producto Interno Bruto (PIB). En El Salvador y Honduras, la dependencia es aún mayor, con cifras que rondan el 24 % y el 26 % del PIB, respectivamente. En términos sencillos, más de una quinta parte de la economía de estos países depende del dinero enviado por migrantes en el extranjero.
Además, para los hogares más pobres de Centroamérica, las remesas representan hasta el 90 % de sus ingresos. Es decir, sin este dinero, millones de personas verían reducidas sus posibilidades de acceso a bienes básicos como la alimentación y la salud.
A pesar de la importancia de las remesas en la macroeconomía, economistas consultados por la Voz de América consideran que las deportaciones masivas no provocarían una crisis económica inmediata. Más bien, el impacto sería social.
"Si se deportan 36.000 personas al año y cada una enviaba en promedio 190 dólares mensuales, el impacto sería de 83 millones de dólares anuales. Aunque es una cifra considerable, sigue siendo mínima dentro de una economía como la salvadoreña, que en 2024 cerró con un PIB de 37.000 millones", explicó a la VOA, el economista salvadoreño Rafael Lemus.
En El Salvador, el número de deportados ha oscilado entre 9.000 y 11.000 cada año. En 2024 aumentó a 14.000.
Pese a ello, Lemus argumenta que, en lugar de un colapso económico, el escenario más próximo es una desaceleración en el crecimiento de las remesas.
“Lo mismo puede ocurrir en Honduras y Nicaragua, que tienen economías similares. En Guatemala, el impacto incluso puede ser menor porque la economía es más grande”, agregó.
El PIB de Guatemala superó los 105.000 millones de dólares en 2024.
Desde Guatemala, el economista Hugo Maul enfatiza que existen dificultades operativas para deportar a millones de migrantes de una sola vez.
“Estados Unidos tiene un sistema basado en el debido proceso, lo que hace que las deportaciones se vuelvan un proceso prolongado y no una expulsión inmediata y masiva”, dijo a la VOA.
Maul coincide con Lemus en que las deportaciones no tendrían un impacto significativo en la macroeconomía de Centroamérica; más bien, se espera que el crecimiento de las remesas se desacelere.
Además, el verdadero desafío, explicó, será la pobreza en la que se sumirán los hogares que dependen de ellas. Así como la reincorporación de los migrantes deportados en los mercados laborales locales.
“Si fuera el caso de un retorno masivo, entonces las remesas se contraerán de manera dramática, aunque es difícil hablar de un impacto específico porque no es lo mismo una deportación masiva de una sola vez que la acumulación de cuatro años de deportaciones”, agregó.
Un problema social más que económico
Las remesas son mucho más que una transferencia de dinero de un país a otro. Para los hogares más pobres del triángulo norte de Centroamérica, las remesas representan el 90 % de sus ingresos, según una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para el excónsul guatemalteco Fernando Castro, una caída significativa en las remesas “golpeará la calidad de vida de los hogares que dependen de ellas, y la pobreza puede aumentar”, advirtió a la VOA.
Según el BID, en países como El Salvador, las remesas logran reducir la tasa de pobreza en casi seis puntos porcentuales y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en alrededor de tres puntos.
Para Castro, los niveles de pobreza en Centroamérica se comportarán dependiendo de cómo evolucionen las políticas migratorias de EEUU y de la capacidad de los países de la región para generar empleo y oportunidades para los deportados.
Mientras tanto, miles de familias siguen dependiendo de cada dólar que llega desde el extranjero, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo podrán contar con ello.
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