La Iglesia Católica nicaragüense y el gobierno de Daniel Ortega tienen una nueva diferencia, esta vez relacionada con el recorte de los fondos públicos que tradicionalmente se han asignado en el presupuesto general de la República para el mantenimiento de las estructuras de iglesias católicas que son consideradas históricas.
La eliminación de los fondos se produce en momentos en que el país vive una fuerte contracción económica, resultado de la crisis política que atraviesa el país desde abril del 2018, cuando se desató la represión de quienes inicialmente protestaron por una reforma al sistema de Seguridad Social. Tras la represión inicial, las protestas fueron en demanda de un diálogo nacional y de respeto a los derechos humanos.
La Iglesia Católica se puso del lado de los opositores al gobierno y se ha visto afectada por medidas administrativas y policiales, tales como el asedio que durante días vivió en su parroquia de San Miguel Arcángel, el padre Edwin Román, a quien le cortaron los servicios de luz eléctrica y agua potable, no permitiéndole que nadie entrara o saliera de la Iglesia, ni que le llevaran agua, comida o medicamentos.
El asedio se produjo luego que varias madres de reos políticos se instalaron en el templo para realizar ahí una huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos. La Iglesia ha denunciado además que el gobierno le tiene retenida en Aduanas, varios contenedores que llegaron al país con donaciones para ser distribuidas por Caritas, la organización benéfica de la Iglesia.
En un contexto de recesión económica y de enfrentamiento con la Iglesia Católica, el proyecto de Presupuesto General de la República 2020 aprobado en lo general la semana pasada, contempla una partida para asistencia a organizaciones religiosas de 3.8 millones de córdobas, comparados con los 42 millones de córdobas aprobados en el presupuesto del 2019. Las ayudas son para la Iglesia Católica y para iglesias protestantes.
Monseñor Abelardo Mata, portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y fuerte crítico del gobierno, celebró este distanciamiento del gobierno, aunque señaló que esas ayudas son compromisos que el Estado de Nicaragua asumió para la preservación de templos que son considerados por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad.
“Me alegra mucho que el gobierno se distancie de esta forma porque así nadie se ve obligado a rendirle pleitesía, ni callándose por beneficios que dizque da el gobierno, cuando es obligación y no es el gobierno sino el Estado de Nicaragua, que asumió compromisos, ejemplo, con el patrimonio histórico lo cual obliga a la Iglesia a manejar su propia partida para la preservación de su patrimonio”, afirmó monseñor Mata, en declaraciones al diario La Prensa.
Según el prelado nicaragüense, el corte de la ayuda a las iglesias, demuestra “el estilo dictatorial” del gobierno de Ortega.
“Es mucho mejor (que no hayan asignado presupuesto) porque se valen de eso para argumentar derechos, no sólo sobre los ambientes, sino también sobre las personas que están al frente de esos ambientes. Entonces mejor no tomar dineros de esta gente”, afirmó el obispo de la provincia de Estelí. “Yo en lo personal celebro esto porque de esta manera nos separamos totalmente de ellos, es muy sano por el tipo de gobierno que hay”.
Uno de los templos que se verán afectados será la Catedral de León, una monumental edificación cuyo diseño en la época de la colonia española, fue realizado originalmente para ser construida en Lima, la capital peruana. La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad. En esa Catedral, bajo un enorme y lloroso león de mármol, yacen los restos del poeta Rubén Darío.
La Arquidiócesis de Managua también se verá afectada. En el 2018 se le asignaron 1.6 millones de córdobas, unos 600 mil dólares, pero tras una reforma presupuestaria realizada en medio de la violencia política, el aporte se redujo a la mitad.
Monseñor Carlos Avilés, vicario de la dicha arquidiócesis, dijo estar claro que el corte de la ayuda tiene su origen en la profunda crisis económica que atraviesa el país, pero considera que haber cortado los fondos de la Iglesia y no otras asignaciones, se debe a que se trata de un “castigo político”.
“Desde luego recortan donde menos les importa, ahí están castigando políticamente, económicamente y ellos hacen los recortes para mantenerse”, dijo Avilés al diario La Prensa. “Si nos recortan nosotros seguimos funcionando. Además es dinero de impuestos, del pueblo mismo, no es que el gobierno nos esté haciendo un favor”.
Mientras en la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Ortega ha sido puesto en el banquillo de los acusados por la violación de los derechos humanos de los opositores y por el asedio contra la Iglesia Católica, tanto Ortega como la vicepresidente Rosario Murillo, alegan que la Iglesia Católica ha sobrepasado su labor pastoral y ha incursionado en la arena política. La acusan de haber sido parte de un plan para darle un golpe de Estado. Han tildado a los obispos de “golpistas” y han permanecido silentes mientras sus activistas han agredido a varios sacerdotes y obispos, incluyendo al Arzobispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien fue trasladado a Roma por el Vaticano, “para preservarle la vida”.
El miércoles el gobierno no se había pronunciado sobre la interpretación que hacen los religiosos a los recortes presupuestarios. No fue posible, por ser día feriado, obtener la opinión de ningún diputado oficialista.
