Una sala del Tribunal Supremo de Justicia acordó la libertad condicional de un dirigente sindical que fue condenado a inicios de semana a siete años y medio de prisión por dirigir una huelga en el estado de Bolívar, informó la radio estatal.
La magistrada de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal, Ninoska Beatriz Queipo, acordó la libertad condicional del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco, Rubén González, indicó la estatal Radio Nacional de Venezuela (RNV).
González, quien estaba detenido desde septiembre del 2009, quedó obligado a presentarse cada 15 días ante el tribunal que lleva su caso y a no salir del país.
"Se me está dando la libertad bajo presentación cada 15 días. Es bien bueno porque estaré en casa con mis hijos y familia, haciendo la labor como dirigente sindical", dijo González a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Agregó que a pesar de su liberación se sentía "inconforme porque realmente no se me está diciendo qué decisión se toma en torno a los siete años y seis meses de cárcel".
González insistió en su inocencia, y dijo que "yo no hice sino representar a los trabajadores en su justa causa que está especificada en la contratación colectiva".
Un tribunal del estado Bolívar sentenció el pasado lunes a González a siete años y medio de cárcel por los delitos de asociación ilícita, "restricción del derecho al trabajo", "cierre de vías", "instigación a delinquir" y "violación de las zonas de seguridad".
El líder obrero, quien también es integrante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigió una huelga de los obreros de la estatal CVG Ferrominera del Orinoco C.A. que exigían mejoras laborales.
Las principales organizaciones locales de derechos humanos, aglutinadas en la coalición del Foro por la Vida, condenaron el miércoles la sentencia contra González y exigieron a las autoridades el "cese de la criminalización de la protesta".
El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, dijo a la AP que en Venezuela hay actualmente 2.500 personas sometidas a procesos judiciales tras participar en protestas, de los cuales 125 son dirigentes sindicales.
Alvarado dijo que hasta el 2005 había unas 20 personas procesadas por participar en protestas, pero que a partir de ese año los juicios se multiplicaron, situación que consideró como una "política de Estado".
