La organización Human Rights Watch censuró el lunes las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso salvadoreño para que los menores de edad condenados por delitos relacionados con el crimen organizado cumplan sus penas en las mismas cárceles que los adultos, aunque en áreas separadas.
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, señaló en un comunicado de prensa Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, agregó.
La reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso se aplicaría a los menores que pertenezcan a pandillas y hayan sido procesados por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de armas. Una vez que cumplan los 18 años, deberán someterse al régimen general de adultos.
HRW aseguró que desde que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022 —que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o tener acceso a un abogado— más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos “muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas”.
Agregó que en muchos casos las detenciones “parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”. A su vez señaló que, para febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”.
HRW documentó que, en un gran número de casos, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles y coaccionaron a los menores para que se declararan culpables de delitos que decían no haber cometido. “Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, afirmó Goebertus.
La organización ha documentado que las personas detenidas en prisiones para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicadas y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa. Muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, incluida alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado.
Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción.
El gobierno no proporciona regularmente información sobre el número de menores encarcelados o en prisión preventiva. Desde que entró en vigor el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las autoridades dicen haber capturado a más de 84.200 personas a las que acusan de formar parte de esos grupos criminales o colaborar con ellos. El presidente Nayib Bukele ha dicho que 8.000 inocentes han sido liberados.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador afirman haber registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción.
Según datos de World Prison Brief (WPB), El Salvador registra 1.659 prisioneros por cada 100.000 habitantes, convirtiéndolo en uno de los primeros en el listado de países con mayor cantidad de población carcelaria. El gobierno salvadoreño no proporciona información de los privados de libertad en sus cárceles.
El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios, un promedio diario de 0,3, y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato.
En 2015 la nación centroamericana registró 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia del país y el peor desde el fin de la guerra civil.
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