Grupos armados han cometido abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido el jueves.
El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamientos forzados cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.
A más de dos años del acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos armados luchan por el control de muchas zonas rurales anteriormente controladas por las FARC.
Estos grupos han convertido a la región del Catatumbo, próxima a la frontera con Venezuela, en una de las más violentas del país. Según Human Rights Watch desde 2015, los homicidios en Catatumbo se han duplicado. Los grupos armados han cometido desapariciones, crímenes de violencia sexual y reclutado a menores para usarlos como soldados. Más de 40.000 personas han sido desplazadas.
Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo
Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia. Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
El informe de Human Rights Watch se basa en una investigación realizada en el Catatumbo en abril de 2019, donde se entrevistó a más de 80 personas, incluidas víctimas de abusos, sus familiares, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. Algunas entrevistas se realizaron en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, y otras telefónicamente.
Las cifras gubernamentales indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018. Si bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL causaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pública colombiana parecen ser la principal causa en 2019.
Los grupos armados también son responsables del reclutamiento de niños y niñas desde los 12 años en el Catatumbo. En ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero.
HRW critica respuesta de autoridades colombianas
Human Rights Watch dice que la respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos.
En su informe Human Rights Watch recomienda entre otras cosas al gobierno de Colombia, del presidente Iván Duque que para evitar que se comentan abusos, proteger a la población en riesgo y promover la rendición de cuentas.
También recomienda al Fiscal General de Colombia aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en el Catatumbo que trabajan en casos de desplazamiento forzado, “desaparición forzada”, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas a defensores de derechos humanos y otros abusos graves relacionados con el conflicto armado.
