El Gabinete de Gobernabilidad del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentó el lunes 15 de noviembre un informe de rendición de cuentas sobre su mandato que mezcla verdades con omisiones y con otras supuestas que chocan con datos internacionales.
Si bien el acto en Tegucigalpa incluyó otros temas como el respeto a los derechos humanos y la modernización del Estado, el mandatario replicó en su cuenta de Twitter su legado en seguridad y en institucionalidad anticorrupción y de transparencia como las “bases del desarrollo social y económico” que “están sentadas” para el futuro. Sin embargo, entre los avances de su lista hay algunos que no son ciertos o que omiten problemáticas más allá.
Con esa invitación a no retroceder, Hernández continúa presentando logros de cara al fin de su mandato en enero, marcado por las elecciones presidenciales, legislativas y locales del próximo domingo 28 de noviembre.
El pasado día 10 ya había presentado en Washington D.C. el libro Juntos hicimos historia. 8 años de Juan Orlando, en el que detalla los resultados principales de sus dos periodos de gobierno desde 2014. Desde entonces ha seguido protagonizando eventos similares.
Rendición de cuentas positivas
En el Salón Morazán de la Casa Presidencial, el mandatario y su Gabinete de Gobernabilidad hablaron de una “Honduras del pasado” para remarcar las “casi 90 muertes por 100.000 habitantes, más de 7.000 al año y más de 25 diarias” que rondaba el país hace una década, cuando llegó a tener la tasa más alta del mundo. Aunque la reducción fue en descenso en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y empezaría a ser una tendencia regional, Honduras sí redujo su tasa de asesinatos durante los ocho años de gobierno de Hernández, excepto en 2019.
Hernández había recibido el país con una tasa de 77,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes y 6.431 casos en 2013. Cerró su primer año con una tasa de 69,9 y 5.891 homicidios, y terminó 2020 con datos preliminares de 37,6 y 3.496, respectivamente. Todo ello según datos oficiales recopilados por el proyecto regional Infosegura, que ejecuta el Buró Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/RBLAC) y que financia la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).
En su balance de seguridad, el presidente hondureño también afirmó que en su gobierno “la fiesta se les terminó a los carteles de la droga”. “Luchamos sin miedo contra el narcotráfico hasta desarticular los cárteles que operaban en Honduras”, replicó también en Twitter, con énfasis en la figura de la extradición.
Sobre las maras y pandillas, Hernández recalcó que en su gobierno se derribaron los “imperios mal habidos” de estos otros grandes actores de la violencia en el país, por medio de la incautación de sus bienes y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Además, complementó mencionando la depuración que hizo en la Policía Nacional, “logrando sacar a más de 7.000 elementos que deshonraban esta institución”, y la creación de “nuevas fuerzas de seguridad pública y de investigación para luchar contra la galopante impunidad”.
También enfatizando la recuperación de la gobernabilidad, el presidente hondureño enumeró una serie de pasos “firmes y contundentes” en institucionalidad anticorrupción y de transparencia que presentó su secretaria de ese nuevo rubro, María Andrea Matamoros.
La lista incluye la alusión a Transparencia Internacional, la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el apoyo a la Fiscalía, agencias de investigación, jueces anticorrupción, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unidad de Política Limpia, el Gobierno y Estado Abierto, la confrontación de las mafias de la salud, la Plataforma de gestión y Gobierno Digital y la propia Secretaría de Transparencia.
Si bien las evaluaciones de la Asociación por una Sociedad más Justa en distintos sectores de la gestión pública, incluida la transparencia, muestran avances entre estas menciones, su implementación y la de las políticas de seguridad no necesariamente han derivado en logros.
Una mejor gobernabilidad con matices y trasfondo
“No es que se digan falsedades; cuenta también lo que no se dice”, advierte el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda. “Hernández hizo muchas cosas con una mano y deshizo otras con la otra”.
Sobre la seguridad, si bien confirma la importancia de la reducción de asesinatos, la captura o extradición de decenas de líderes pandilleros y narcotraficantes, así como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, Breda sostiene que no se han terminado de abordar las raíces de esa violencia.
La propia ciudadanía vincula esas raíces sobre todo a lo económico, según las encuestas de percepción sobre inseguridad y victimización de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mientras, los robos y la extorsión han aumentado, como confirman los datos de denuncias de Infosegura, y se reflejan en la mayor percepción de inseguridad que recogen las encuestas a la población hondureña.
La analista también para Centroamérica de la firma Control Risks, Valeria Vásquez, advierte que “las políticas existentes solamente son una figura, pero no son sólidas”, entre otras, por la propia penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad aún pese a la purga. De fondo, Vásquez explica que “para tener una política de seguridad efectiva también se necesita una consolidación de la democracia [...] a partir del Estado de derecho”.
Honduras ha lidiado con ello en tiempos recientes desde el golpe en 2009 contra Manuel Zelaya y “principalmente” desde las elecciones de 2017, cuestionadas por irregularidades que se remontan a la reforma constitucional que volvió a permitir la reelección en 2015. De hecho, en el índice de Estado de derecho de 2019, elaborado por el World Justice Project, Honduras obtuvo un 0,4 que lo ubicaba antepenúltimo en Latinoamérica. Y aunque de ocho categorías su mejor resultado fue en orden y seguridad, el peor fue en justicia penal.
En el último Barómetro de las Américas, que realiza el Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, Honduras fue el segundo país detrás de Haití con mayor porcentaje de personas (33%) que estaban “muy en desacuerdo” con la frase “puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”.
Asimismo, fue donde esa postura y la de “bastante en desacuerdo” aumentaron en mayor medida entre 2008 y 2021, triplicándose a raíz del deterioro institucional.
Respecto a la figura de la extradición, ambos analistas coinciden en completar el énfasis de Hernández más allá del éxito contra distintos capos como los del cartel de Los Cachiros.
Por un lado, Breda recuerda que en Honduras no hay una ley de extradición ni sus solicitudes se incluyen en el Código Procesal Penal, sino que los casos en el marco del tratado con Estados Unidos se realizan mediante un auto acordado de 2013 de la Corte Suprema de Justicia. De esa manera, ante una solicitud, la decisión le corresponde a cada juez designado.
Por otra parte, Vásquez asegura que Hernández “ha intensificado su discurso de lucha contra la corrupción y ha intentado pintar una plataforma sólida de anticorrupción” desde inicios de 2021, cuando un juez federal de Nueva York condenó a su hermano Juan Antonio a cadena perpetua por narcotráfico. Según la analista, el presidente “probablemente quiere reflejar confianza (y que ha logrado avances en términos de institucionalidad y transparencia) a los hondureños de cara a las elecciones”, y “convencer a Estados Unidos” de sus esfuerzos “para promover la transparencia con el objetivo de que al terminar su mandato no lo investiguen”.
Distintos índices internacionales también contradicen a Hernández en su balance de gobernabilidad. El índice de crimen organizado de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime en 2021 le sitúa décimo entre 193 países, tercero en América y segundo en Centroamérica, con sus peores resultados en cuanto al mercado y actores criminales. El documento pone el foco en la ubicación de Honduras como lugar de tránsito para el tráfico de armas, drogas y personas, que dificulta desincentivarlos y combatirlos.
Por su parte, pese a la lista de iniciativas institucionales que aportó en su balance, algunas concentradas en el Ejecutivo, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en Honduras prácticamente solo ha empeorado desde 2015. Los 24 puntos sobre 100 en 2020 solo superan en Latinoamérica a Nicaragua, Haití y Venezuela.
Ese último informe, de hecho, señala que el estado de los esfuerzos anticorrupción en el país es “sombrío” y que el presidente no renovó el acuerdo con la OEA para mantener la MACCIH. Además, recuerda las leyes que el Congreso aprobó para reducir penas por corrupción y narcotráfico o que permitieron tapar investigaciones, y que la transparencia es clave para que el país se recupere de los desastres naturales y la pandemia.
Ahora bien, pese a que el índice de la democracia de The Economist de 2020 sitúa a Honduras en el puesto 88 de 167, el puntaje de 5,36 sobre 10 es resultado de un descenso constante desde 2015, segundo año de Hernández. En particular, el peor resultado del país se da en la categoría sobre el funcionamiento del Gobierno, seguido de la cultura política.
El país vota, Hernández espera
Honduras encara unas elecciones presidenciales, legislativas y locales este domingo 28 de noviembre que pueden darle un giro político al país. La presidencia se la disputan la opositora de izquierda Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación y esposa del expresidente Manuel Zelaya, y el empresario y político Nasry Asfura, alcalde de Tegucicalpa por el Partido Nacional de Honduras, del aún presidente Hernández. Algunas de las divisiones políticas se remontan al golpe de Estado de 2009.
Ante la nueva violencia política en tiempos electorales y las encuestas reñidas, el International Crisis Group señala en un informe publicado el pasado lunes 23 los riesgos para la estabilidad social de que Castro o Asfura impugnen los resultados.
También advierte que Juan Orlando Hernández ha perdido las alianzas con la Iglesia, los empresarios e incluso con miembros de su partido para una hipotética maniobra que le permita conservar el poder. Así, podría pasar de controlar buena parte de las instituciones del Estado, desde el sector judicial hasta las fuerzas de seguridad, a quedar expuesto a una posible investigación judicial por una presunta conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos.
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