Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles a los gobiernos occidentales que dejen de suministrar armas a grupos enfrentados en el conflicto de Yemen debido a reportes de que están terminando en manos de extremistas.
El investigador sobre control de armas y derechos humanos de AI, Patrick Wilcken, alertó sobre la situación actual en un comunicado: "La proliferación de milicias que no rinden cuentas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos está empeorando la crisis humanitaria y supone una creciente amenaza para la población civil".
Wilcken hizo referencia a los recientes reportes de la red Reporteros Árabes para el Periodismo de Investigación, con sede en Amán, Jordania.
Además acusó a los Emiratos Árabes Unidos de desviar las armas suministradas por los estados occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña a "milicias irresponsables acusadas de crímenes de guerra" en Yemen.
La denuncia llega en momentos en que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí lideran una coalición militar, que incluye fuerzas locales provenientes de varias facciones yemeníes. Todos están tratando de restaurar al gobierno internacionalmente reconocido que fue expulsado del poder en 2014 por el grupo Houthi alineado con Irán.
"La proliferación de estas fuerzas de combate es una receta para el desastre de los civiles yemeníes que ya han sido asesinados por miles, mientras que millones más están al borde del hambre como resultado directo de la guerra", indicó el texto de AI.
La coalición liderada por Arabia Saudí, de la que forma parte Emiratos, combate desde 2015 a los rebeldes chiíes de Yemen, conocidos como hutíes y que cuentan con el apoyo de Irán.
Los hutíes niegan las acusaciones de que Irán les suministra armas y dicen que su revolución es popular y contra la corrupción.
En Emiratos Árabes Unidos se han entrenado y armado miles de combatientes yemeníes, principalmente en las provincias del sur y las zonas costeras occidentales, como parte de las fuerzas que combaten a los hutíes, que controlan la mayoría de las áreas urbanas, incluida la capital, Sanaa y el puerto principal de Hodeidah.
Naciones occidentales han presionado para que finalice la guerra de casi cuatro años después del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, lo que aumentó el escrutinio de las actividades saudíes en la región.
Los grupos de derechos han acusado a ambas partes en el conflicto de cometer posibles crímenes de guerra, incluido el abuso contra los detenidos, un cargo que las partes en conflicto han negado.
Amnistía hizo el llamado a suspender la venta de armas a las partes en conflicto hasta que "ya no exista un riesgo sustancial" de que puedan ser utilizados para violar el derecho humanitario o de derechos humanos.
