Las autoridades de Maine desestimaron cargos contra un guatemalteco que fue arrestado cuando atrajo la atención de agentes de la Patrulla Fronteriza porque hablaba español, en un caso que ha despertado temores de discriminación racial.
La Patrulla Fronteriza confirmó en documentos judiciales que sus agentes sospecharon de un grupo que estaba con Mateo Carmelo Bartolo porque los individuos parecían ser “de origen centroamericano” y hablaban español en una tienda de la organización benéfica Goodwill en Bangor, Maine.
Procesar al guatemalteco, escribió un fiscal, “no serviría a los intereses de la justicia”. El cargo, de reingreso a Estados Unidos tras ser deportado, fue oficialmente eliminado el lunes.
El abogado defensor Ronald Bourget declaró que el fiscal hizo lo correcto, pero señaló que el guatemalteco aún enfrenta un proceso en los tribunales de inmigración en Boston.
“En esta época moderna es difícil creer que existe la caracterización racial”, afirmó Bourget, calificando la conducta de la Patrulla Fronteriza como “atroz”. Añadió: “No es ilegal hablar en español en una tienda Goodwill en Maine”.
Michael McCarthy, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ratificó que las directrices de esa agencia prohíben la persecución en base a religión o raza, pero se negó a comentar específicamente sobre el caso de Carmelo-Bartolo.
La fiscalía también declinó hacer comentarios.
Carmelo, de 31 años, seguía confinado a la cárcel del condado Somerset el martes. Cuando fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza el 19 de septiembre, admitió que estaba en el país ilegalmente, según documentos judiciales. Aunque no enfrenta cargos penales, enfrenta todavía un proceso civil ante un juez de inmigración en Boston, dijo Bourget.
La Corte Suprema del país prohíbe las acciones policiales en base a la raza, y el capítulo en Maine de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) acusó a la Patrulla Fronteriza de sobrepasarse.
“La caracterización racial está mal. La policía no puede actuar contra una persona en base a su raza o su origen nacional. Ciertamente, desestimar el caso está en el interés de la justicia”, afirmó Emma Bond, miembro del equipo legal de la ACLU.
