Universitarios, campesinos, indígenas y religiosos guatemaltecos marcharon el jueves en rechazo a la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin al cuerpo anticorrupción en el país.
Miles de personas tomaron las calles de la capital y algunas plazas y carreteras del interior para exigir a Morales que mantenga en el país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el órgano de Naciones Unidas que junto con la fiscalía lidera la lucha anticorrupción.
Los manifestantes portaban mantas y carteles en los que se leía: “Jimmy y Sandra (Jovel, canciller) renuncien porque son parte de la mafia”.
En los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Quiché y Chimaltenango, entre otros, también se realizaban protestas, según reportaron medios locales. En otros departamentos también marcharon.
El gobierno ha dicho que respetará la libertad de protesta de la población.
Las marchas son el último eslabón de una cadena de acontecimientos que comenzó el 31 de agosto cuando Morales decidió revocar, un año antes de que finalice, al mandato de la CICIG y prohibió la entrada al país del titular de la Comisión, Iván Velásquez.
El jueves por la mañana, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró en conferencia de prensa su confianza en el comisionado Velásquez y dijo que no veía razón para “retirar la confianza” al comisionado, pero debido a la situación actual se ha recomendado y consultado al gobierno de Guatemala establecer a un adjunto “en el terreno que tenga la posibilidad de coordinar la acción de CICIG sin poner en causa la confianza” de Velásquez.
Guterres agregó que están en disposición de continuar el diálogo para el perfeccionamiento de la acción de la comisión con el gobierno guatemalteco, como lo prevé el mandato de la CICIG.
Las disputas entre Morales y la CICIG se iniciaron en enero de 2017 cuando la Comisión y la fiscalía pidieron la captura del hermano e hijo del presidente por actos de corrupción. Ambos enfrentan actualmente un juicio.
La tensión se agudizó cuando en agosto del mismo año la Comisión y la fiscalía hicieron la primera de tres solicitudes para que se le retire la inmunidad a Morales para investigarlo por delitos electorales.
Actualmente una comisión del Congreso analiza el último pedido para que se investigue al mandatario por financiamiento electoral ilícito tras supuestamente recibir un aporte de un millón de dólares de empresarios que no fue reportado al ente electoral.
Morales ha dicho que no es responsable de los cargos.
