El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabezaba el jueves una manifestación pacífica contra quienes, dijo, intentan evitar que tome posesión el 14 de enero próximo, la corrupción y la interferencia judicial en el proceso electoral.
“Vengan a caminar por la democracia, hoy marchamos en unidad por este país que va a florecer a pesar de lo corruptos”, dijo Arévalo al iniciar la caminata desde la sede de la Corte Suprema de Justicia hasta la Corte de Constitucionalidad. Ambas instituciones tienen a su cargo resolver las acciones legales de la fiscalía.
A la caminata se unieron las autoridades indígenas que durante 65 días ha mantenido protestas y plantones frente a la sede del Ministerio Público exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a la que señalan de intentar desconocer el voto popular.
Tedy Rafael Zapeta, presidente de los 48 Cantones, la organización indígena más grande del país y que lidera las protestas, dijo que la pelea es por los derechos de todos. “Estamos totalmente convencidos de seguir con la resistencia porque estamos peleando nuestros derechos, no podemos permitir que un pequeño grupo venga a imponer su voluntad y no respetar la voluntad del pueblo”, dijo.
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la judicialización de los resultados electorales. Países como Estados Unidos, Colombia o la Unión Europea han llamado a respetar los resultados electorales.
El jueves la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch pidió a la Unión Europea imponer “urgentemente sanciones selectivas, ya sea bajo su régimen global de sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias con el proceso electoral en Guatemala”.
En un carta pública la organización remarcó que la Fiscalía General guatemalteca ha presentado “acusaciones penales espurias” contra periodistas, fiscales y jueces independientes "que han investigado la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder”.
“Instamos a la UE y a sus Estados miembros a imponer sanciones específicas, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, contra altos funcionarios gubernamentales” entre los que mencionó a Porras, sus fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y al juez Fredy Orellana, a cargo de los procesos judiciales contra el proceso electoral.
Arévalo aseguró que el momento exige claridad y decisión y que no hay lugar para tibiezas ni silencios cómplices. “El futuro y bienestar de las familias guatemaltecas está en juego”, agregó.
La fiscalía guatemalteca encabezada por Porras mantiene una arremetida contra el proceso electoral en el que fue electo Arévalo como presidente para los próximo cuatro años.
El Ministerio Público investiga un presunto fraude electoral y un fraude por la compra de un software para el conteo paralelo y rápido de los resultados electorales. También investiga a Arévalo y al Movimiento Semilla, el partido que lo llevó a ganar la presidencia, a magistrados electorales a quienes solicitó que el Congreso les retirara la inmunidad y a más de 150.000 ciudadanos involucrados en la recepción, conteo y resguardo de los votos.
