Los obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Guatemala en representación de 16 diócesis y arquidiócesis del país sentaron postura el fin de semana reciente sobre lo que consideran “la rampante corrupción”, luego de una semana de reflexiones sobre las temáticas del país.
También apuntaron que el “imperativo constitucional” de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debió haberse realizado hace más de años y el no haberlo hecho constituye una “flagrante decidia” al orden jurídico de Guatemala, según comunicado leído ante la prensa.
Durante la conferencia de prensa al cierre del encuentro -el primero presencial después de dos años interrumpidos por la pandemia-, el clero de la iglesia no dejó de señalar su preocupación ante el proceso de elección de fiscal general de la república y de los magistrados para la CSJ.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Gonzalo de Villa dijo al leer el comunicado que “urge acelerar con honestidad la elección de magistrados y fiscal general para cumplir los plazos para su designación y urgen legisladores que fortalezcan un sistema de justicia que retome leyes olvidadas y exigidas por la Constitución de la república”.
La iglesia demanda de los miembros de las comisiones “actuar con independencia y profesionalismo” para la elección de las vacantes porque recuerda que “las consecuencias de la impunidad son graves”.
En opinión del presidente de la Conferencia Episcopal, el que a iglesia haya decidido utilizar el calificativo de “rampante” señala el grado de conciencia en la Iglesia Católica y en la sociedad guatemalteca sobre el problema.
Y sobre los operadores de justicia donde la población se mantiene en un ambiente “claro de duda y de sospecha por no decir palabras más fuertes, de que el modo en que se está operando hoy la justicia”, que no responde a la demanda ciudadana y de legalidad en el país, explicó el jerarca.
![La ciudadanía guatemalteca ha sido de las más activas en la región para denunciar la corrupción oficial. Masivas protestas contra el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras señalados de encubrir la corrupción. [Foto archivo/AFP]](https://gdb.voanews.com/3e270acb-5121-42ed-824c-921aecd5252b_w100_r1.jpg)
Guatemala es de mayoría católica en la región Centroamérica, con lo que la voz de los obispos constituye un mensaje de calado en las comunidades de base en el país más poblado del Triángulo Norte.
Llamado a postulantes para fiscal general
La semana recién pasada la Comisión de Postulación lanzó el llamado a través de anuncio en el Diario Oficial de Guatemala para que los candidatos a fiscal general de la república y jefe del Ministerio Público presenten sus ternas antes del 21 de febrero con la documentación requerida.
El titular tomará juramento para el período 2022 – 2026 el 18 de mayo próximo. La silla del Ministerio Público es ocupada en la actualidad por la fiscal general Consuelo Porras, incluida por Estados Unidos en la Lista Engel, por corrupción en Centroamérica.
Fuentes consultadas por la Voz de América dijeron desconocer si la actual fiscal general optaría a revalidar un segundo mandato al frente del Ministerio Público, la Comisión presentaría las ternas y el presidente Alejandro Giammattei deberá designar al elegido para el cargo.
Un plan de largo tiempo
El ex fiscal Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) explicó en entrevista a la VOA que la prórroga “ilegal” de magistrados de la CSJ para permanecer en el cargo por más de dos años lleva implícito un plan.
Después de las investigaciones de 2017 que tenían ya cercados los círculos de corrupción, explica Sandoval, vino un repliegue que ha sido más lento, pero que al final “tiene al sistema de justicia de Guatemala en una posición que es alarmante”.
El ex fiscal dice que hay “control total de la Corte de Constitucionalidad” a capricho del Ejecutivo, presidido por Giammattei y "pudimos ver además como se mantiene en prolongación de funciones por ya casi 28 meses la actual Corte Suprema de Justicia”, explica el ex fiscal exiliado en Washington.
Pero lo más grave -señala Sandoval- es que esa misma CSJ en el tiempo extra de mandato ha revertido c0n fallos partes de investigaciones profundas que había hecho la FECI, en casos de redes de corrupción, y el Ministerio público que era el contrapeso “a los desmanes de la administración pública, hoy se ha convertido en el fortín de la impunidad”, dijo.
Ni la presidencia de la república, ni el Ministerio Público y tampoco la CSJ han emitido alguna respuesta a las declaraciones de la Conferencia Episcopal de Guatemala y las peticiones hechas públicas.
El viernes reciente el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, (ONU) António Guterres, dejó ver su preocupación a través de un comunicado, luego de saber que al menos dos ex colaboradores de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), institución auspiciada por la ONU han sido detenidos.
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