La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció públicamente ante la Corte Suprema de Justicia la criminalización que enfrentan los comunicadores en el país, con órdenes de captura y procesos penales en su contra, basados en una aplicación “antojadiza” de la ley de crimen organizado que vulnera la protección constitucional a la libertad de expresión.
Por su parte, Human Rights Watch pidió a los gobiernos de Estados unidos, la Union Europea y América Latina "permanecer alerta y condenar los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 y de perseguir a líderes de la oposición y a defensores de derechos humanos".
En una conferencia de prensa frente a la sede de la autoridad judicial, Byron Barrera, presidente del gremio periodístico, reprochó la actuación de la fiscalía y de la justicia guatemaltecas ante la investigación abierta contra nueve periodistas y columnistas del desaparecido diario El Periódico por haber publicado información sobre jueces y fiscales a quienes señalaban de actos de corrupción y abuso de poder.
La fiscalía dijo que esas publicaciones periodísticas ponían en riesgo sus investigaciones y, según reprochó Barrera, con ese pretexto invocaba la ley contra el crimen organizado, de menor rango que la Constitución, para pedir órdenes de captura e investigar a periodistas.
“Entonces solicitamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que las autoridades superiores del sistema de justicia reconocieran que la Constitución de la República tiene supremacía sobre las leyes ordinarias especialmente en materia de expresión”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas. Sin embargo, no obtuvo respuesta o pronunciamiento institucional.
Según el colectivo, se tiene registro de que más de 12 periodistas que han optado por el exilio en el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, denunciando criminalización por su labor.
En mayo, los comunicadores hicieron una petición de amparo ante las cortes judiciales para que se dé prioridad a la protección constitucional de la libertad de expresión.
Barrera explicó que la fiscalía tiene “una interpretación antojadiza de la ley” y detalló que una Sala de Apelaciones tiene a su cargo el amparo solicitado, pero que no han resuelto la petición.
“Esta resolución puede favorecer también a otras personas que están siendo señaladas por emitir opiniones”, dijo, en alusión a las detenciones de estudiantes y catedráticos la semana pasada en el caso por la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los políticos que fueron señalados por emitir opiniones en las redes sociales sobre el tema.
La fiscalía llegó a solicitar levantar el fuero para continuar investigándolos.
El gremio periodístico dijo que también que se harán otras acciones, como un plantón frente a la CSJ, e iniciarán una campaña a nivel nacional en defensa de la libertad de expresión con la participación de asociaciones departamentales y medios de comunicación, así como un llamado a un” cacerolazo” a las 6.00 de la tarde el 30 de noviembre, día del periodista en Guatemala.
El expresidente de la APG, Mario Recinos, aseguró que “por pronunciamientos” y por posicionarse respecto al tema de la universidad hoy “están siendo criminalizados estudiantes, docentes e investigadores”. Y planteó que, después, “esto va a ser una arremetida contra todos los sectores o contra ciudadanos que manifiesten su defensa de este derecho (de opinión)”.
Ante la situación en Guatemala, el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, consideró que “hasta ahora, la presión diplomática y de grupos indígenas y manifestantes ha sido clave para garantizar que no se reviertan los resultados electorales en Guatemala”.
“Las recientes maniobras del gobierno muestran la necesidad urgente de un escrutinio internacional constante y creciente”, añadió.
Por su parte, Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica en WOLA, afirmó que “hay muchas razones para temer que los ataques contra la democracia se intensifiquen y busquen impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera puedan tomar posesión el 14 de enero de 2024”.
“Los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deben seguir tomando medidas concretas para proteger la institucionalidad democrática y la voluntad popular de las y los guatemaltecos”, añadió.
(Con información de Associated Press)
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