Los doce países americanos del Grupo Lima, condenaron el sábado a través de un comunicado que la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela haya decidido enjuiciar por traición a líderes opositores y sostuvieron que en esa nación sudamericana se mantiene la ruptura del orden democrático en el país.
En una declaración conjunta, los países del llamado Grupo de Lima reconocieron el esfuerzo de República Dominicana de acercar al gobierno venezolano y a la oposición, aunque consideraron que cualquier avance debe darse a partir de objetivos y plazos claros.
También condenaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro, asegurando que “quebranta las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos y viola los derechos humanos y libertades fundamentales”.
El Grupo de Lima está formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Esos países se reunieron por primera vez en agosto en la capital peruana donde suscribieron una declaración y denunciaron el "quiebre democrático" en Venezuela.
La más reciente declaración fue suscrita en Nueva York.
Tanto el gobierno de Maduro como la oposición aceptaron acudir a Dominicana para explorar un posible diálogo en medio de una crisis política y económica que se agudizó luego de cuatro meses de protestas callejeras que dejaron más de 120 fallecidos y casi 2.000 heridos.
Ambas partes tienen previsto reunirse de nuevo el 27 de septiembre en Dominicana.
La instalación en agosto de la oficialista Asamblea Constituyente, que entre sus primeras acciones asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, desató cuestionamientos de numerosos gobiernos, entre ellos Estados Unidos que impuso el mes pasado severas sanciones económicas a Venezuela.
A finales de agosto, la Asamblea aprobó enjuiciar por “traición a la patria” a los opositores que a su juicio promovieron las sanciones económicas de Washington, entre ellos el diputado Julio Borges.
El Grupo de Lima que tiene previsto volver a reunirse en octubre en Canadá, reafirmó su decisión de "intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela", con el fin de "restablecer el orden democrático dentro de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA)".
Por su parte Estados Unidos, condenó la toma de poderes de la Asamblea Nacional.
"Esta toma de poderes está diseñada para suplantar la Asamblea Nacional democráticamente elegida por un comité autoritario que opera por encima de la ley", argumentó en un comunicado el Departamento de Estado.
"Bajo nuestro punto de vista, la Asamblea Nacional es el único órgano legislativo legítimo", indicó Estados Unidos.
"Mientras el régimen de (Nicolás) Maduro siga comportándose como una dictadura autoritaria, estamos preparados para poner todo el poder económico y diplomático de EEUU en apoyo del pueblo venezolano que trata de restaurar su democracia", finaliza el comunicado.
El oficialismo en Venezuela
El gobierno de Venezuela por su parte criticó las sanciones que Canadá impuso a algunos de sus funcionarios, incluido al mismo Maduro, y acusó a Ottawa de subordinarse al gobierno de Estados Unidos.
Canadá anunció el viernes sanciones a 40 venezolanos que incluye el congelar todos los bienes que pudieran tener en el país norteamericano y les prohíbe a los canadienses hacer negocios con ellas, tras considerar que socavan la seguridad y estabilidad de las instituciones democráticas.
Con esas medidas, señaló la cancillería venezolana en un comunicado, que Canadá asume “una aberrante asociación de subordinación al gobierno del presidente Donald Trump con el fin explícito de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela usando como arma política sanciones económicas”.
Las sanciones de Canadá se dan después de que en agosto el gobierno de Trump impusiera sanciones y prohíbiera nuevos acuerdos financieros con el gobierno venezolano o la gigante petrolera estatal venezolana.
La administración de Trump previamente ha sancionado a 30 altos funcionarios, incluido Maduro.
Más de 120 personas han muerto durante cuatro meses de protestas contra los planes del Nicolás Maduro de reescribir la Constitución del país latinoamericano. Un referendo en julio les dio a sus aliados autoridad para iniciar el proceso, a pesar de que esa votación fue criticada por la oposición y la comunidad internacional como de "presunto fraude electoral y de falta de observadores" para su legitimidad.
