Luego de casi un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, finalmente el gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición se pusieron de acuerdo para fijar la ruta de una negociación que ponga fin al conflicto social que ha dejado cientos de muertos y heridos, según informaron las partes involucradas en una conferencia de prensa realizada en Managua.
Días atrás tanto el gobierno como la alianza opositora habían estado reunidos para trabajar la hoja de ruta que establecería puntos claves que según ambas representaciones pondrían fin a la crisis sociopolítica que atraviesa la nación centroamericana, luego que estallaron las protestas en abril de 2018.
La hoja de ruta afirma que una vez aprobada la agenda de las negociaciones, se nombrarían garantes nacionales e internacionales “para el cumplimiento e implementación de los acuerdos”, no obstante no se menciona quiénes podrían ser éstos.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación del gobierno de Ortega invitaron al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, así como a Monseñor Waldelomar Stanislaw, representante de la Santa Sede para ser testigos de las negociaciones.
De acuerdo con la hoja de ruta, en la agenda se plantearán los principales puntos de ambas delegaciones.
Los miembros de la coalición opositora informaron que la demanda de la liberación de los presos políticos será su primer punto de agenda, posteriormente reformas electorales y la reapertura de medios de comunicación independientes. Mientras que el gobierno de Ortega todavía continúa sin dar a conocer la agenda que propondrán.
“Nuestro equipo negociador está asumiendo el enorme y patriótico reto que la circunstancia le exige y reiteramos que el compromiso con los presos políticos estará presente en todo momento en este proceso. La libertad es de prioridad en la negociación”, aseguró a la prensa nacional el académico Carlos Tünnermann, delegado propietario de la comisión negociadora de la Alianza Cívica.
Obispos y analistas escépticos por diálogo
A juicio de Monseñor Carlos Avilés, quien sirvió como mediador en el fallido diálogo realizado el año pasado, la posible reapertura de un nuevo diálogo nacional en Nicaragua se da de forma forzada por las presiones ejercidas por la comunidad internacional contra el presidente Daniel Ortega.
“No veo voluntad del señor Ortega. Para mí está siendo forzado. Está obligado. Si él no tuvierala necesidad de lavarse la cara (ante la comunidad internacional) no se sienta a negociar. Parece que no hay voluntad de ellos (gobierno) para solucionar esto”, dijo Avilés a la Voz de América.
El prelado criticó que el gobierno “sigue empecinado en reprimir al país y mantener con miedo a la gente”, sin embargo insistió que el diálogo es la única forma cívica de poder salir de la crisis que atraviesa Nicaragua.
Avilés insistió que como medida mínima para reanudar un diálogo se deben de dar la libertad a los “detenidos injustamente”, así como el desarme de grupos armados y reformas electorales.
Por su parte el analista político Róger Guevara Mena considera que aún no hay una verdadera negociación pues aún hay cientos de manifestantes presos, así como miles de exiliados.
“Yo creo que básicamente no es una negociación, porque en una negociación hay algo qué ofrecer y algo que dar a cambio. Pero veo un encuentro donde van de antemano más de 700 presos políticos, donde uno de los que estuvieron dialogando (el año pasado), tiene una condena de 212 años, donde hay un listado de violaciones de derechos humanos y varios de centenares o miles de exiliados. Francamente no veo qué se pueda ofrecer o dar. Evidentemente es muy difícil hablar de una negociación”, dijo Guevara.
Se tiene previsto que el proceso de negociación entre la alianza y el gobierno de Ortega finalice el 28 de marzo de 2019 según la hoja de ruta.
El conflicto social en Nicaragua ha causado cientos de muertos y heridos, además medios de comunicación cerrados; así mismo ha dejado al menos 700 personas detenidas, incluyendo periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
A vísperas de las negociaciones, el gobierno liberó al menos a cien manifestantes que se encontraban detenidos por causas leves, sin embargo la mayoría de líderes opositores siguen encarcelados.
