El uso de vapers, o cigarrillos electrónicos, quedó prohibido en Venezuela según una resolución publicada en gaceta oficial el 1 de agosto y divulgada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) el jueves.
“Se prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, circulación, comercialización, importación, exportación, uso, consumo, publicidad, promoción y patrocinio de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Electrónicos similares con Nicotina (SSSN), consumibles, depósitos o cartuchos, envases de consumibles de recarga y demás accesorios, Productos de Trabajo Calentado Convencionales y productos análogos”, precisa la norma publicada en la Gaceta Oficial 42.682 del primero de agosto.
Las instituciones del Estado, propietarios, empleados y administradores de establecimientos, locales, instituciones, áreas privadas y/o públicas, “tienen la obligación de velar por el cumplimiento” de la resolución.
La normativa establece que las instituciones, lugares públicos y privados deben exponer un anuncio público en donde se informe sobre la prohibición, el expendio o facilitación al público en general de los dispositivos.
En junio el presidente Nicolás Maduro había pedido evaluar la prohibición del uso de los cigarros electrónicos por ser nocivos para la salud.
“Si sabemos que hay un aparato, algo que hace daño y queremos ser radicales en defender la salud de la gente, la primera resolución es un primer paso, pero falta todavía. Yo le diría a los equipos médicos y científicos nuestros que estudien la posibilidad de prohibir la venta en territorio nacional de estos aparatos nocivos que enferman los pulmones, enferman los bronquios”, dijo el mandatario en su programa Con Maduro + del 26 de junio, transmitido por el canal del Estado.
Varios países han prohibido la venta de estos dispositivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que datos científicos revelan que los productos son “perjudiciales para la salud”.
En el 2011 el gobierno venezolano prohibió fumar o mantener encendidos productos de tabacos en áreas interiores de lugares públicos y de trabajo, una resolución que, en general, ha sido acatada por los ciudadanos.
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