El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y dijo que ella enfrenta una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada y referenciada en un intento de magnicidio. Al momento de la detención San Miguel, se encontraba con su hija, Miranda Díaz San Miguel, mayor de edad, de quien también se desconoce su paradero: “podemos advertir que no nos dicen que qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Evidentemente tampoco sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado algunos y en ninguno nos dan respuesta positiva, simplemente refieren que -ella no está acá- , eso nos preocupa bastante, y de hecho podríamos definir de alguna manera que esta situación se va correspondiendo con una desaparición forzada”, indicó Juan Gonzalez, abogado de Rocío San Miguel.

El activista por derechos humanos y expreso político, Carlos Julio Rojas, pidió la liberación de la activista y recalcó que se está violando el acuerdo de Barbados firmado en 2023 entre el gobierno y la oposición: “Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez pisotearon el tratado de Barbados, para ellos no existió, fue simplemente una burla, no simplemente a la oposición porque esto no es de chavismo y oposición, así como no hay muertos rojos o azules, realmente es una burla al pueblo que pide elecciones competitivas ” expresó.

Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda: “es un llamado a los organismos internacionales en materia de derechos humanos, al Alto comisionado de Derechos Humanos, a la corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos, a toda la sociedad organizada que debemos rechazar este tipo de persecución” aseveró.

En la actualidad, según cifras de la ONG Foro Penal, con la detención de la activista se contabilizan 262 denominados presos políticos en el país sudamericano.