El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes contra la inmigración ilegal que establece, entre otras cosas, la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal y que hayan sido declarados culpables de delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores.
Con la firma de las leyes conocidas como la SB 2-C y la SB 4-C realizada el jueves, Florida se convierte en uno de los estados con las leyes antiinmigrantes más severas del país y que se alinea con la política de la administración Trump, quien ha reiterado que no tolerará la inmigración irregular.
“El proyecto que firmé hoy convierte a Florida en el estado más fuerte del país en materia de aplicación de las leyes de inmigración. Esta legislación incorporará a las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a la administración Trump a restablecer el Estado de derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país y proteger a nuestras comunidades”, manifestó el gobernador DeSantis a través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.
Por su parte, la Casa Blanca ha señalado que continúa con los esfuerzos de deportación de indocumentados y asegurando la frontera.
"Vamos a seguir asegurando la frontera al cien por ciento. Esta administración del presidente Trump finalmente tendrá el control operativo de nuestro sur", declaró el zar de la frontera Tom Homan ante periodistas en la Casa Blanca.
Qué incluyen las nuevas leyes en Florida
Lo más controversial del paquete legislativo es que impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país que cometan delitos capitales. Los demócratas y los defensores de los derechos civiles han argumentado que esa disposición es inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema.
Bajo las nuevas leyes en Florida se considera un delito reingresar al estado tras haber llegado al país de manera irregular, es decir sin inspección de un oficial de inmigración y también incluye pena de cárcel que va en aumento de 6 meses a dos años si es reincidente.
Los inmigrantes tampoco tendrán derecho a solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en el estado de Florida si no pueden demostrar presencia legal.
Otra de las disposiciones es que bajo las nuevas leyes, los estudiantes indocumentados que residen en Florida no tendrán acceso a pagar la matrícula estatal en las universidades y centros comunitarios.
El paquete legislativo contra la inmigración ilegal de la Florida también incluye 298 millones de dólares para la contratación de más de 50 agentes de seguridad dedicados a la supervisión de migrantes, así como para la compra de equipos y capacitaciones para quienes colaboren con las autoridades federales.
[Con información de AP]
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