Funcionarios de la Administración Biden viajarán a Barbados "en las próximas horas" para reunirse con enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, confirmaron fuentes estadounidenses a la Voz de América.
Más temprano el lunes, el diario The Washington Post informó, citando sus propias fuentes, que el gobierno de Joe Biden habría llegado a un acuerdo con las autoridades y la oposición venezolanas para aliviar las sanciones a la industria petrolera de Venezuela. La VOA no pudo confirmarlo de forma independiente.
La condición del acuerdo sería que el gobierno de Maduro garantice la celebración en 2024 de elecciones presidenciales competitivas y monitoreadas internacionalmente, informó el The Washington Post.
Estados Unidos ha reiterado en varias oportunidades que estaría dispuesto levantar sanciones a Venezuela si el gobierno de Maduro diera pasos sólidos hacia el compromiso para la celebración de elecciones libres.
Fuentes consultadas por Reuters insistieron el lunes en que cualquier cambio en las sanciones dependería del cumplimiento por parte de Maduro. Los pasos iniciales del gobierno de Joe Biden implicarían sólo un alivio limitado de las sanciones por ahora, dijeron las fuentes estadounidenses.
"Estados Unidos da la bienvenida al anuncio de los representantes de Maduro y de la Plataforma Unitaria de retomar las negociaciones venezolanas en Barbados", informó el Departamento de Estado en un comunicado, en la tarde del lunes. "Junto con socios afines y otros amigos de Venezuela, EEUU continuará sus esfuerzos por unir a la comunidad internacional en apoyo a las negociaciones".
El subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, no solo dio la bienvenida a las negociaciones sino que, además, consideró que "representan un camino viable hacia unas elecciones competitivas".
Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela luego de que Maduro resultó reelecto en 2018 en unos comicios que fueron considerados una farsa por la falta de garantías democráticas y violaciones de derechos humanos. Desde 2019, las medidas limitan la comercialización del crudo venezolano.
Las sanciones de Trump, combinadas con la presión diplomática, tenían como objetivo no solo causar daño financiero a Venezuela, Maduro y su círculo íntimo, sino también forzar la salida del poder del mandatario.
Maduro y su gobierno han sobrevivido con el apoyo de los militares más China, Rusia y Cuba. La Administración Biden ha mantenido la mayoría de las sanciones en un esfuerzo por obligar a Maduro a tomar medidas concretas hacia elecciones libres, presentando el alivio de las sanciones como un incentivo.
Gobierno y oposición de Venezuela anuncian regreso a la mesa de negociaciones
En un comunicado conjunto divulgado en la red social X el gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela informaron que se reanuda el martes 17 de octubre las negociaciones en la ciudad de Bridgetown, en Barbados.
Fuentes cercanas a la negociación dijeron también a la VOA que se espera que en Barbados el gobierno y la oposición de Venezuela firmarán un acuerdo que contempla condiciones electorales a cambio de la liberación de sanciones a la industria petrolera.
A comienzos de este mes, los gobiernos de Venezuela y EEUU anunciaron un acuerdo para la deportación de venezolanos que no tengan base legal para permanecer en EEUU, directamente a Venezuela.
Entre Miraflores y la Casa Blanca se abrió un canal directo que condujo, a principios de octubre del 2022, al intercambio de 7 ciudadanos estadounidenses que estuvieron “injustamente” encarcelados en Venezuela, por los 2 sobrinos de la esposa de Maduro, que estuvieron detenidos en EEUU por delitos de narcotráfico.
Previamente, en 2021, el Departamento del Tesoro de EEUU removió de su lista de sancionados a Carlos Erik Malpica Flores, ex vicepresidente de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sobrino de la esposa de Maduro.
Junto a otros 13 funcionarios de alto rango del gobierno venezolano, Malpica Flores ingresó a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) por sus siglas en inglés, en julio del 2017.
El oficialismo y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en noviembre del año pasado, en México, un acuerdo para crear un Fondo de 3.000 millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, que debe ser administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero los fondos no han sido liberados.
En varias ocasiones Maduro ha dicho que no tiene “motivación” para volver a la mesa de diálogo, y acusó a la oposición de no cumplir con el acuerdo firmado en México.
Su gobierno condicionó el regreso a la mesa de diálogo a la liberación de los fondos, el levantamiento de sanciones, la libertad del empresario colombiano Alex Saab y el cese de “políticas de ataques” a través de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya fiscalía, en junio, obtuvo autorización para reiniciar la investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La oposición ha negado un incumplimiento del acuerdo, ha insistido en que no se establecieron lapsos para la liberación de recursos y ha advertido que es necesario que se lleve a cabo un trabajo conjunto para buscar soluciones a problemas “jurídicos previsibles”.
[Contiene información de Reuters]
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram.
