El viernes, tras terminar su jornada de trabajo, Rogelio fue avisado de que ya no iba a trabajar en la compañía en la que se había desempeñado en los últimos seis años. La secretaria le informó que no podía ser empleado porque no gozaba con un estatus migratorio válido y eso, según cuenta, podría acarrear un peligro mayor.
“Me dijeron que era por los papeles, que el dueño de la compañía tenía miedo a perder su licencia si lo llegaban a descubrir que tenía gente ilegal trabajando”, explica Rogelio Elías en declaraciones a la Voz de América.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó hace unas semanas la ley SB 1718 que castiga duramente la migración irregular en el estado. Entre otras cosas, requiere que las empresas de más de 25 empleados verifiquen el estatus legal de los nuevos empleados contratados o, de lo contrario, se enfrentan a multas de 1.000 dólares diarios.
También obliga a los hospitales a recopilar la información de los pacientes indocumentados y reportarla a las autoridades estatales regularmente. De la misma manera, se invalidan las tarjetas de identificación de otros estados y solo se reconoce una licencia que haya sido emitida por el estado de Florida.
Entre otras cosas, también se contemplan penas de hasta 15 años de prisión por trasladar a indocumentados al estado ya que el conductor podría ser acusado de un caso de tráfico humano.
Rogelio se considera “víctima” de esta legislación. Tiene 50 años y dos hijas a su cargo. Los tres viven en un humilde hogar en Homestead, al sur de Florida, donde muchos de los residentes, procedentes de México y Centroamérica mayoritariamente, son indocumentados.
Este 4 de julio, en su casa no había fiesta ni fuegos artificiales, como en años anteriores. En esta ocasión, no tenían nada que celebrar. “Siempre que era el 4 de julio, en mi casa había arsenales de cohetes, hacíamos barbacoa, íbamos a la piscina y nos lo pasábamos muy bien. Pero este año, me siento muy triste”, explica entre lágrimas la hija de Rogelio al saber que su padre se ha quedado sin trabajo como consecuencia de la ley.
DeSantis defiende su lucha contra el tráfico humano
El gobernador de Florida defiende que esta medida tiene como objetivo luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios provocados, que de acuerdo con su argumento, se debe a las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México.
“Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el tráfico de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida”, declaró DeSantis recalcando que “Florida no es un estado santuario” y que su gobierno defenderá “el Estado de derecho”.
DeSantis, uno de los principales contendientes en la campaña por la nominación presidencial republicana, que lidera el expresidente Donald Trump, ha hecho de la seguridad fronteriza un foco de su campaña, acusando al gobierno del presidente Joe Biden de políticas de inmigración permisivas.
"Ha sido una enorme dejación de funciones por parte del presidente", dijo DeSantis en una reunión con agentes de la ley en Sierra Vista (Arizona), cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
No es la única vez. La administración Biden ha estado bajo las críticas de los republicanos, quienes alegan que la Casa Blanca mantiene una política de “fronteras abiertas”, en referencia a la llegada incesante de migrantes en situación irregular por la frontera sur.
Esta situación ha provocado que muchas empresas no quieren correr el riesgo de ser sancionadas por el hecho de contratar indocumentados. El caso de Rogelio no es aislado ya que muchas organizaciones pro-inmigrantes han confirmado a la VOA que muchas corporaciones están despidiendo a personal indocumentado por esta razón.
“Eso es terrible, la gente está muy preocupada e incluso están moviéndose del estado porque esta ley es cruel”, decía Yanet Galvis, activista de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes en el estado del Sol.
Rogelio también está pensando en hacer las maletas y regresar a su México natal, el país que dejó hace más de veinte años y que no ha regresado desde entonces. Ese escenario, sin embargo, lo obligaría a separarse de sus hijas y quitarles el sustento económico porque la madre de ellas tampoco tiene papeles.
“Si los dos nos fuéramos a México, mis hijas quedarían desamparadas y no creo que mis hijas podrían sobrevivir por el momento”, agrega al respecto.
Sus hijas sí que tienen documentos. Una acaba de terminar la universidad y la otra está a punto de iniciar estudios superiores. Hasta ahora contaban con el apoyo económico de su padre para vivir en el sur de la Florida, pero ahora viven desconcertadas y preocupadas por el impacto de esta nueva ley.
“¿Cómo vamos a salir adelante después de todo esto que está pasando? Todo el día pienso en el día de mañana”, dice.
Biden rechaza estas políticas
Funcionarios del gobierno de Joe Biden han criticado las políticas y puntos de vista sobre inmigración provenientes del gobernador DeSantis y otros. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en intercambio con reporteros en enero, dijo que DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, ha defendido en Miami los logros del programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.
“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en enero desde el Pequeño Haití, un barrio de Miami con una alta población de nacionales de ese país.
Consecuencias en la economía del estado
Algunos expertos han advertido de las consecuencias económicas que podría acarrear la ausencia de inmigrantes indocumentados en el estado, que trabajan principalmente en sectores como la agricultura y la construcción.
Un informe del Instituto de Políticas de Florida concluye que si el estado se queda sin inmigrantes indocumentados supondría un duro golpe a la economía del estado en tanto que se perderían más de 12.600 millones de dólares, equivalente al 1,1 % de la economía del estado.
Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin documentos legales que viven en Florida, de acuerdo con los datos del Instituto de Políticas Migratorias.
El 24 % de la población trabaja en la construcción, el 17 % en el campo y la administración, el 15 % en el sector de la hostelería y el 9 % en comercio minorista.
Anuncian demandas
Varios grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos anunciaron que ya se está trabajando para interponer una demanda para bloquear esta legislación.
En una nota de prensa remitida a la VOA se alega que “la ley discriminatoria contra los inmigrantes representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
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