El ministerio público de Ecuador pidió el jueves a la justicia prisión para 13 de los 14 jueces, exjueces, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio y policías acusados de corrupción y de la liberación irregular de peligrosos criminales mediante el abuso del derecho.
En su cuenta de X, antes Twitter, esa institución señaló que también había solicitado medidas cautelares como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para la última acusada, debido a que está embarazada.
Los sospechosos fueron acusados de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias debido a que interponían recursos ante jueces de pequeñas poblaciones exigiendo garantías constitucionales o argumentando violación de derechos para lograr la liberación irregular de peligrosos jefes criminales o responsables de emblemáticos casos de corrupción.
La fiscal general, Diana Salazar, había dicho en X que “abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia” y acotó que “tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar”.
Las 14 personas fueron detenidas tras 25 allanamientos ejecutados en las provincias de El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la fiscalía recogió indicios como computadoras, documentos y otros elementos.
A fines del año pasado la fiscalía destapó un caso que revelaba una importante penetración del narcotráfico en la justicia, policía, política e incluso en es institución, en el cual están acusadas 52 personas.
La investigación se originó luego de que el ministerio público incautó teléfonos celulares y logró acceder a los mensajes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 en una prisión, en cuyos mensajes quedaron en evidencia tales vínculos.
La fiscalía también investiga y ha revelado los principales casos de corrupción de los últimos años, especialmente en los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa (2007-2017), Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), con algunos de sus principales funcionarios en prisión o fugados del país.
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