![Familiares en su casa en el barrio La Guinera, de La Habana, muestran fotos de tres hermanos que están en prisión acusados de participar en protestas antigubernamentales, en Cuba, enero de 2022. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/47232ed8-b23f-48c7-9b49-87413d67f1fb_w250_r1_s.jpg)
La Fiscalía cubana y varios funcionarios judiciales defendieron el jueves los juicios que se llevan adelante contra manifestantes de las inusuales protestas de julio pasado en la isla y aseguraron que se mostraron a los tribunales pruebas suficientes para delitos como sedición o atentado, que conllevan sanciones de hasta 30 años de cárcel.
Los procesos judiciales son el centro de muchas críticas a las autoridades cubanas, a quienes desde otros países y por grupos de activistas se señala de buscar silenciar a una oposición. La acusación fue negada por el gobierno.
“Las diligencias se practicaron bajo el control de la Fiscalía por instructores de los órganos de investigación criminal, con amplia participación desde un inicio de los abogados defensores”, dijo en una crónica publicada el jueves por el portal oficial Cubadebate la encargada de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay María Mederos.
Para la funcionaria, tras las pesquisas se consiguieron elementos probatorios sobre “los actos de promoción, organización y ejecución directa de hechos que la ley penal tipifica como delitos, y que pusieron en grave riesgo la estabilidad de la nación”.
“Para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas condiciones en que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, es de entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de aplicar consecuentemente las leyes penales”, agregó Mederos.
Cubadebate indicó que los juicios en La Habana, uno de los lugares donde algunas de las protestas terminaron en vandalismo, continuarán en los primeros días de febrero. Los que se realizaron en enero quedaron listos para que sea emitida una sentencia.
Las manifestaciones se desarrollaron el 11 y 12 de julio y miles de personas salieron a las calles quejándose de la falta de energía eléctrica, el desabasto de medicinas y alimentos y en algunos casos pidiendo cambios políticos. Una persona murió en el capitalino barrio de La Güinera.
Inusuales en la isla, las protestas acapararon la atención internacional y algunos países, sobre todo Estados Unidos -que incluso aplicó más sanciones a la isla-, criticaron el manejo por parte del gobierno y el arresto de activistas.
Aunque las autoridades jamás hicieron público en número de detenidos, grupos de derechos humanos los cifraron en unos 1.300.
La semana pasada y luego de que familiares y activistas reportaran la realización de juicios colectivos en localidades como Artemisa, Holguín, Santa Clara y La Habana —con más de un centenar de procesados con penas de entre cinco y 30 años por delitos como sedición, atentado, desórdenes públicos en apenas 15 días—, la propia Fiscalía General en un comunicado indicó que 790 personas están involucradas en 110 casos.
Medios de prensa extranjeros no tuvieron acceso a las salas de los Tribunales.
Las protestas no tuvieron un liderazgo claro y muchas de las personas ahora enjuiciadas o sus familiares entrevistados por The Associated Press admitieron haber tirado piedras, pero también rechazaron que tuvieran antecedentes de militancia política como para enfrentar delitos de sedición, los de mayor sanciones.
El gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos y a grupos de exiliados de estar detrás de una campaña armada desde las redes sociales para destruir al gobierno en medio de una severa crisis económica, agudizada por la pandemia de COVID-19 y las sanciones impuestas desde Washington.
Días después de las protestas, en agosto, se informó que se había procesado a 67 acusados en 23 juicios sumarios, pero se trataba de cargos menores como desorden público, por lo que a algunas personas se les impuso multas o reclusión en sus domicilios.
Cubadebate mostró un resumen de algunas de las acciones violentas realizadas por los manifestantes, que incluyeron golpear con palos a simpatizantes del gobierno, incendiar con cocteles molotov contenedores de basura, vandalización de las señales de tránsito para usarlas como armas, agresiones a funcionarios locales o destrucción de vidrieras.
Según informó el portal oficial, fueron saqueados más de 40 establecimientos comerciales. Hasta ahora las autoridades no han difundido un reporte de pérdidas.
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