Un equipo de fiscales argentinos concluyó que hay sospechas fundadas para iniciar una investigación penal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Suramérica entre 1983 y 2015 por los delitos de trata de personas y explotación laboral contra al menos 44 mujeres reclutadas por la orden religiosa para cumplir tareas domésticas en sus residencias.
Las imputaciones recaen sobre quienes se desempeñaron en ese período como Vicario o Consiliario Regional de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia: Carlos Nannei (1991-1997), Patricio Olmos (1998- 2014) y Víctor Urtizarrazu (2014-2022). También fue imputado el Secretario Regional, a cargo de la Sección Mujeres, Gabriel Dondo, quien ocupó el cargo hasta 2015.
En el mismo escrito al que tuvo acceso The Associated Press, los fiscales Eduardo Taiano, titular de una Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, y María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, solicitaron al juez federal Daniel Rafecas “se sirva citarlos a prestar declaración indagatoria”.
El Opus Dei (Obra de Dios en Latín) fue fundado por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928. Está presente en cerca de 70 países y cuenta con 90.000 miembros. El grupo, que fue ampliamente favorecido por el papa Juan Pablo II, quien canonizó a Escrivá en 2002, tiene un estatus único en la Iglesia y reporta directamente al pontífice.
Muchos de sus integrantes son laicos y mujeres con trabajos seculares y familia que buscan “santificar la vida ordinaria”, mientras otros miembros son sacerdotes y laicos célibes.
A partir de una denuncia presentada en 2022 el equipo de fiscales inició una investigación que concluyó que desde principios de la década de 1970 hasta 2015, “personas que ocupaban diferentes jerarquías dentro del Opus Dei establecieron una estructura dedicada al reclutamiento de al menos 44 mujeres, la mayoría de ellas niñas y adolescentes, para ser sometidas a condiciones de vida equiparables a la servidumbre bajo la designación de ‘numerarias auxiliares’”.
Así se denominan a las mujeres dedicadas a tareas del hogar y que cumplen con el celibato.
“Negamos categóricamente las acusaciones de trata de personas y explotación laboral”, expresó la oficina de comunicación de la Prelatura del Opus Dei en Argentina. “La impresión es que para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo y la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei. Se trata de una acusación totalmente falsa”.
Los fiscales detallaron que el Opus Dei seleccionaba niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, y que eran captadas "bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales”.
“Una vez ingresadas, se las sometía a un régimen de ‘formación espiritual, profesional y laboral’, y si mostraban vocación para ser numerarias auxiliares, eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero”, afirmaron.
La investigación se ha centrado en cuatro casos que se ajustan al delito de trata de personas según la legislación vigente. En el resto han transcurrido más de 12 años, el límite máximo para la prescripción del delito.
Algunas de las denunciantes dieron su testimonio a AP en una nota publicada en noviembre de 2021 en la que relataron que cumplían extensas jornadas laborales sin remuneración ni descanso suficiente y que eran sometidas a diversas formas de violencia física, psicológica y económica.
Sus identidades han sido preservadas en la resolución de los fiscales.
“Estas mujeres dedicaron gran parte de sus vidas al servicio doméstico en las sedes de la institución, enfrentando jornadas laborales agotadoras sin recibir salario. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían”, dijeron los fiscales.
Añadieron que “las condiciones laborales incluían la ausencia de vacaciones y jornadas de trabajo exhaustivas, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, con apenas dos horas de descanso. Los fines de semana también implicaban trabajo, con raras excepciones”.
“Todos los aspectos de su vida eran controlados y regulados, incluyendo el alejamiento de los vínculos familiares primarios, considerados una mala influencia”, describieron los investigadores.
“El sentimiento de culpa y miedo era otro componente crucial del sistema de control. Se les inculcaba que cualquier duda, cansancio o deseo de abandonar la organización era un grave pecado y una traición a Dios”.
La mayoría de las mujeres solicitó la dispensa al volverse intolerable la exigencia física y psicológica a la que fueron sometidas durante los años de servicio. Sostienen que quedaron libradas a su suerte, sin dinero y muchas necesitaron tratamiento psicológico tras abandonar el Opus Dei.
“Estas prácticas constituyeron verdaderos abusos y actividades ilegales”, concluyeron los fiscales.
El juez Rafecas ahora debe decidir si da curso al pedido de los fiscales de citar a declarar a los exvicarios.
En respuesta a los señalamientos, Opus Dei expresó que “aunque resulta doloroso llegar a una instancia judicial de esta naturaleza, creemos que después de más de tres años de acusaciones similares realizadas sólo en los medios de comunicación, la investigación es necesaria para aclarar definitivamente la situación”.
Y reafirmó su compromiso de colaborar plenamente con la justicia “para esclarecer los hechos y resolver la situación de manera justa y transparente”.
Antes de presentarse ante la justicia argentina, las damnificadas denunciaron los hechos ante la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que por el momento no ha hecho declaraciones al respecto.
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