La jefa de la fiscalía guatemalteca, Consuelo Porras, que ha sido señalada por Estados Unidos por corrupción y a la que el presidente Bernardo Arévalo busca destituir, aprovechó la presencia en Ciudad de Guatemala del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, para poner en duda las acciones de Washington en la región.
"(Los) funcionarios del Departamento de Estado de EEUU y de USAID no tienen autoridad legítima para presionar cambios ideológicos en Guatemala, que comprometan su Constitución o valores", señaló Porras en una intervención televisada desde la sede del Ministerio Público.
Esto, a propósito, según expuso, de una carta enviada por congresistas estadounidenses dirigida al secretario de Estado Blinken y a Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
"Además, las herramientas sancionatorias no deben usarse para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar en un sentido u otro. Tal acción es una violación de los principios de soberanía y democracia", agregó la funcionaria, sancionada en 2021 por EEUU.
La carta, señaló Porras, expone "el uso indebido de la influencia de la administración en los asuntos legislativos del Congreso de Guatemala", lo que, señaló, "socava el apoyo a los Estados Unidos en Guatemala y la región".
El señalamiento coincide con la visita del secretario de Estado de EEUU al país centroamericano, quien participó en una reunión junto a una veintena de cancilleres para tratar asuntos de migración y protección y se reunió con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.
Según el Departamento de Estado, el secretario y el mandatario enfatizaron la importancia de una migración segura, ordenada y humana, pero además reforzaron su compromiso de "mejorar la democracia, la prosperidad económica inclusiva y la seguridad en Guatemala y la región".
La fiscal Porras también arremetió contra la gestión de los primeros meses del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien presentó el lunes una reforma de ley en el Congreso que permita la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general.
El mandatario la ha responsabilizado de liderar un "golpe de Estado" para que no pudiera asumir como mandatario en enero.
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