La fiscal general de Venezuela se distanció aún más del gobierno socialista de Nicolás Maduro al presentar el ocho de junio un reto legal a su propuesta para una nueva constitución.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz acudió ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Ortega Díaz denunció que el Consejo Nacional Electoral incurrió en violaciones de “los principios de progresividad de los DDHH, del derecho al sufragio y la participación política, así como el principio de soberanía constitucional”.
“ ¿Qué estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del CNE. Primero, la decisión de la convocatoria de la ANC, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una ANC. Estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales porque son inconstitucionales”, explicó Ortega.
La fiscal, cercana al fallecido presidente Hugo Chávez durante todo su gobierno, considera al “chavismo como una filosofía de vida” y siente que se está “destruyendo el legado del presidente Chávez”.
Denunció que en el país se vive una inseguridad jurídica.
“Yo pido a todos los habitantes del país que rechacen la Constituyente y que acudan al TSJ, a la sala electoral a hacerse parte como terceros interesados, en el piso 4 está la sala electoral y ustedes ciudadanos todos que están en desacuerdo con esa Constituyente pueden acudir aquí al TSJ a hacerse parte y rechazar tal convocatoria”, manifestó.
Ante el deslinde que terminó de concretar la fiscal con la iniciativa del presidente Maduro de cambiar la Constitución, la Voz de América consultó al abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli sobre la probabilidad de que la fiscal sea removida de su cargo por asumir una posición contraria a la del gobierno.
“La remoción del cargo de la fiscal tiene que hacerla la Asamblea Nacional y además con aprobación del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que precisamente lo que están tratando de concretar es un fraude que le de poderes superiores a una ANC espuria y que al final sí puede dictar cualquier acto que le de la gana y puede tratar de eliminar a la Asamblea, a la fiscal y a todo el mundo”, aseveró Raffalli.
Si, por el contrario, la Sala Constitucional del TSJ admitiese el recurso presentado por la fiscal para anular el proceso constituyente, el abogado Raffalli dijo que la Sala Electoral podría dictar una medida cautelar que podría detener el proceso.
Un fallo de este tipo podría ser revisado a petición del presidente Maduro o del CNE. No obstante, Raffaelli agregó que si el proceso se paraliza “políticamente queda herido de muerte, porque son los magistrados especialistas en el área electoral quienes están diciendo que esas bases no son democráticas.”
La oposición venezolana respaldó el recurso introducido por Ortega.
“A pesar de desconocer al TSJ, si cientos de miles de venezolanos se suman a la demanda de la fiscal será una gran acción de presión y protesta”, escribió en su cuenta en Twitter, Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Por su parte, el presidente Maduro aseguró que se está ejecutando un supuesto complot contra la Constituyente y llamó al pueblo a la calle en unión cívico-militar si llegara a concretarse lo que denominó como conspiración.
