La fiscalía de México dijo el lunes que en los próximos días llamará a declarar a funcionarios encargados de atender la enorme explosión de un ducto de la petrolera estatal Pemex en el centro del país, que ha dejado 91 fallecidos.
En una conferencia de prensa junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que 51 personas continuaban hospitalizadas tras el estallido.
El estallido se produjo el viernes mientras una multitud recolectaba gasolina que salía a chorros de una fuga en el ducto Tula-Tuxpan, a pocos kilómetros de una importante refinería en el central estado de Hidalgo, donde el robo de combustibles ha florecido en los últimos años.
El gobernador del estado, Omar Fayad, informó el lunes que 91 personas habían muerto por el incidente y que otras 52 estaban heridas, pero que las cifra de fallecidos podría "subir considerablemente".
El fin de semana surgieron críticas sobre el proceder de soldados y policías desplegados para proteger el ducto porque no pudieron contener a los cientos de personas que llenaban improvisadamente cubetas, botellas y todo tipo de recipientes, así como el tiempo en que se cortó el flujo del ducto desde que se detectó la fuga.
El Gobierno ha defendido reiteradamente su actuación, afirmando que se siguieron todos los protocolos de seguridad así como la cruzada emprendida desde fin del 2018 para tratar de combatir el robo de combustibles, que genera pérdidas por más de 2,500 millones de dólares al año a la petrolera estatal.
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El fiscal general, Alejandro Gertz, dijo que se busca esclarecer si hubo negligencia relacionada con la tardanza para atender la emergencia. "Ese es un tema fundamental, la cronología de los hechos tiene que quedar absolutamente clara y precisa", afirmó en una conferencia de prensa.
López Obrador ha dicho que seguirá con el plan para doblar el brazo a los ladrones de combustible, que asegura operaban desde el seno de Pemex.
