Un grupo de clínicas de aborto de Texas en EE.UU., presentó una demanda federal para bloquear una ley que obligará a enterrar o incinerar los restos fetales, ya sean de un aborto provocado o involuntario, a partir de la próxima semana.
La demanda, presentada una semana antes de que el reglamento entre en vigor, argumentó que la regla, promulgada a finales de noviembre, es un "pretexto para restringir el acceso al aborto".
Y agregaron que esta ley no haría nada para mejorar la salud o la seguridad, a pesar de las afirmaciones de funcionarios estatales en sentido contrario.
Las mujeres que aborten en Texas a partir del próximo 19 de diciembre deberán realizar un funeral de los restos fetales -es decir, enterrarlos o incinerarlos-, sin importar el periodo de gestación.
Además de aumentar los costos para ellas, la regulación "obliga también a los centros de aborto a hacer provisiones económicas extra y pone en riesgo su existencia", expone la demanda presentada en la corte federal de Austin.
Según medios locales, la presidenta del Centro para los Derechos de Reproducción (CRR) y uno de los impulsores de la demanda, Nancy Northup, aseveró que esta legislación es "un insulto a las mujeres de Texas, al Estado de derecho y a la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró hace menos de seis meses que las restricciones médicamente innecesarias al acceso al aborto son inconstitucionales".
De hecho, la Corte Suprema revocó en junio una ley de Texas que exigía a las clínicas de aborto cumplir con estándares quirúrgicos hospitalarios y contar con la posibilidad de que sus pacientes sean trasladadas a hospitales a unas 30 millas de distancia de ser necesario.
El Centro de Derechos de Reproducción lideró el reto legal que llevó a la Corte Suprema a revocar esa ley.
De acuerdo con un comunicado de prensa conjunto, el grupo de clínicas de aborto y el CRR están ahora trabajando para tratar de bloquear la nueva ley que obliga a enterrar fetos.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha defendido la ley al afirmar que no cree que "los restos humanos y fetales deban ser tratados como desechos médicos y ser depositados en vertederos".
Hasta ahora, la legislación permite que los restos fetales, al igual que otros residuos médicos, sean mezclados y eliminados en un sistema de alcantarillado y enviados a un vertedero sanitario.
