Ocho familias de migrantes que fueron separadas por el gobierno de Estados Unidos presentaron demandas el lunes en las que exigen 6 millones de dólares cada una como indemnización por lo que un abogado describió como “crueldad inexplicable” que provocó daños perdurables a padres e hijos.
Los padres de familia acusaron a oficiales de inmigración de llevarse a sus hijos sin darles información y a veces mofándose de ellos o sin darles oportunidad de despedirse. Una mujer guatemalteca afirma que un oficial de inmigración dijo que se llevarían a su hijo de 5 años y después se burló de ella diciéndole: “Feliz Día de las Madres”.
En los reclamos se afirma que muchos niños siguen traumatizados aun después de haberse reunido con sus padres, incluidos una niña de 7 años que no puede dormir sin su madre y un niño de 6 que se niega a comer.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.
El gobierno de Donald Trump ha reconocido que separó a más de 2.000 familias el año pasado, valiéndose de una política de cero tolerancia contra la migración centroamericana en la frontera con México. Algunos organismos de control también han dicho que no está claro cuántas familias fueron separadas en total, ya que las agencias no llevaron registros adecuados mientras se implementaba la política.
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En su reclamo, la mujer guatemalteca alega que fue detenida en mayo con su hijo en un tipo de instalación conocida como “hielera”. El agente migratorio que se mofó de ella y de otras tres mujeres les dijo que la ley había cambiado, que se les quitarían a sus hijos y que serían deportados, de acuerdo con el reclamo.
La mujer dice que, unos días después, otro funcionario de migración la despertó alrededor de las 5 de la mañana, le ordenó bañar y vestir al niño, y luego lo llevó a otra habitación. La mujer dijo que imploró para que no se lo quitaran, y luego pidió que ambos fueran deportados a Guatemala, en lugar de separarlos.
Su hijo solo habla la lengua indígena mam.
“El agente rió”, se afirma en el reclamo. “Se burló de su acento indígena y dijo, riendo, ‘no es tan fácil’”.
Se reunieron en julio, pero luego se les puso en un lugar para familias detenidas. En noviembre quedaron en libertad.
Stanton Jones, uno de los abogados de las familias, dijo que las familias afectadas merecen una indemnización monetaria debido a la “crueldad inexplicable” del gobierno.
“El gobierno estaba lastimando a niños intencionalmente para intentar impulsar lo que consideraba era un objetivo de sus políticas”, señaló Jones. “Es atroz e inmoral, pero es también una acción civil inadecuada para la cual la ley proporciona un reclamo de compensación”.
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Los reclamos fueron presentados a los departamentos de Seguridad Nacional y de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), amparados en la Ley Federal de Reclamos por Agravios. La ley le da a las agencias gubernamentales seis meses para responder antes de una posible demanda, señaló Jones.
Evelyn Stauffer, portavoz del HHS, dijo que el departamento no podía comentar en torno a los reclamos, pero aclaró que dicha agencia “no desempeña ningún papel en la aprehensión o detención inicial” de los niños que le son entregados para su cuidado, incluidos niños a los que las autoridades migratorias separaron de sus padres.
