La Ley de Amnistía aprobada recientemente por el gobierno de Nicaragua, como excusa jurídica para liberar a todos los considerados presos políticos fue ampliamente rechazada por la comunidad nacional e internacional, pese a que durante su aprobación los diputados sandinistas defendieron la iniciativa como una búsqueda del perdón y la reconciliación.
El diputado Walmaro Gutiérrez, incluso, recurrió al discurso religioso para justificar la aprobación de la misma. “Uno de los principios y creo que el más importante que nos transmitió nuestro padre celestial, nuestro señor Jesucristo, es el perdón, no podés ser un buen cristiano si no sos capaz de perdonar al prójimo”, dijo durante el debate parlamentario que se extendió por tres horas.
Sin embargo, opositores consideran que el propósito de la misma es consolidar la impunidad a favor del presidente Daniel Ortega y sus funcionarios. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco dijo que "esta oprobiosa ley del régimen que pretende inútilmente la impunidad por los crímenes que ha cometido contra el pueblo de Nicaragua sencillamente no sirve, quedará tan inservible como la ley del canal".
A nivel internacional, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció asegurando que “Nicaragua debe rechazar la Ley de Amnistía aunque dice que “exceptúa” a los “delitos regulados en tratados internacionales”, no se establece ningún procedimiento serio para excluirlos. El propósito es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”.
La Asociación de Madres de Abril, que aglutina a los familiares de personas asesinadas por la represión desde el 19 de abril de 2018, anunció acciones legales en contra de la Ley de Amnistía.
“AMA rechaza de manera categórica la Ley de Amnistía impulsada por la dictadura de Daniel Ortega, porque pretende mantener en la impunidad los graves crímenes cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 y que han sido catalogados por los especialista de derechos humanos y la comunidad internacional, como crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado”, manifiesta un comunicado de esa organización.
Susana López integrante de AMA, y madre de Gerald Vázquez, quien murió en el ataque de paramilitares a la iglesia Divina Misericordia manifestó a la Voz de América que dicha ley “es un burla” para las madres de las más de 300 víctimas de la represión estatal.
“No reconozco ninguna ley que vulnere mis derechos. Además, internacionalmente se exige que cualquier iniciativa de ley sobretodo los crímenes de lesa humanidad debe ser con la aprobación de las víctimas no al margen de nosotras como familiares de asesinados”, aseguró.
