El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue finalmente extraditado desde Estados Unidos a Lima después de un largo proceso de seis años para responder por supuestas acusaciones de colusión y tráfico de influencias, relacionadas al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Toledo (2001-2006) niega categóricamente los cargos y logró atrasar la extradición, iniciada en 2017, con varios recursos legales. El exmandatario de 77 años también ha argumentado problemas de salud para solicitar arresto domiciliario en lugar de cárcel a su llegada a Perú.
A pesar de eso, la justicia peruana lo envió a cumplir al menos 18 meses de prisión preventiva al penal Barbadillo, la misma instalación donde también permanecen los expresidentes Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años; y el recién destituido Pedro Castillo.
Toledo "estaría afrontando de 20 años y 8 meses de pena privativa de la libertad (...) En este momento estamos en una etapa de control de acusación y seguidamente viene la etapa del juicio oral", explicó a la Voz de América, la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero.
En los últimos 30 años de convulsa política, seis exgobernantes peruanos han sido acusados de corrupción.
La extradición y llegada de Alejandro Toledo a Perú se produce en medio de una profunda crisis iniciada tras la destitución de Castillo en diciembre y el ascenso a la jefatura del país de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, ante la que se han producido violentas protestas en las que han muerto decenas de personas.
¿Cuál es caso contra Toledo?
Alejandro Toledo ganó las elecciones presidenciales convocadas tras la destitución de Fujimori, acusado por crímenes de lesa humanidad y de recibir sobornos.
Durante el gobierno de Toledo se inició el despunte económico de Perú y se fomentó la inversión extranjera, sin embargo, las ramificaciones del caso Odebrecht salpicaron no sólo al expresidente, sino a Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021).
El expresidente comenzó a ser investigado por presuntos malos manejos y lavado de activos para aumentar su patrimonio personal desde 2015.
Cuando se destapó el variado entramado de sobornos y pagos a políticos y funcionarios públicos por parte de la constructora brasileña, Toledo fue también acusado de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
La Justicia peruana emitió en 2017 una orden de detención preventiva sobre el exgobernante por el supuesto recibo de millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht en la concesión de las obras de la Carretera Interoceánica, un gran proyecto que conecta la costa atlántica de Brasil con el Pacífico peruano.
El monto de los pagos a Toledo varía de 20 a 35 millones de acuerdo a la fuente. El expresidente siempre lo ha negado.
Cuando se dictó la prisión preventiva, Toledo viajó a EEUU, donde las autoridades lo apresaron en 2019 a solicitud de las autoridades peruanas. Luego fue liberado en 2020 otra vez por motivos de salud, aunque la petición de extradición se mantenía vigente.
Varios recursos legales le habían permitido dilatar su regreso a Perú por más de tres años. La pandemia de COVID-19 contribuyó a la demora.
De acuerdo a la defensa de Toledo, el expresidente no tiene las garantías de un juicio justo de acuerdo al debido proceso en Perú.
El largo camino hasta la extradición llegó al principio de su fin el viernes pasado, cuando el exgobernante se entregó a los juzgados en California, donde había fijado su residencia en los últimos años.
"Esperamos que a fines de este año tengamos ya una sentencia condenatoria, es un proceso en el cual están procesado aproximadamente unas 30 personas entre naturales y jurídicas. Él (Toledo) justamente ha llegado para iniciarse lo que se denomina la etapa intermedia del proceso", adelantó la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, una abogada penalista de amplia experiencia en procesos anticorrupción.
En una entrevista poco antes de entregarse, Toledo insistió en exclusiva a la agencia española EFE que nunca" recibió "ni un solo dólar mal habido".
"No me maten en la cárcel; déjenme luchar con nuestros argumentos", pidió a las autoridades peruanas que en lugar de ser enviado a la cárcel, se le concediera arresto domiciliario.
“Sin desayuno, sin almuerzo" por 12 horas
Alejandro Toledo llegó a Perú en un vuelo comercial este domingo a las 7:02 am, hora local. Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez fue trasladado a dependencias oficiales para ser sometido a exámenes médicos antes de comparecer ante el juez para verificar su identidad como parte del proceso.
Un pequeño grupo de unos 15 simpatizantes se reunió en las afueras del aeropuerto para demostrar su apoyo al exgobernante con carteles donde se leía: “No hay pruebas, solo dichos” y “Acusado sin pruebas”.
En las fotos divulgadas por la Justicia peruana se puede ver a Toledo con semblante tranquilo, sin mostrar emoción, vestido camisa y suéter rojo, en un proceso que duró 12 horas.
“Sin desayuno, sin almuerzo, un maltrato tremendo. Tres horas en el Poder Judicial para un oficio. Lo han estado evaluando permanentemente, pero es increíble que a una persona de 77 años lo tenga todo el día sin comer. Son 12 horas”, protestó a los medios peruanos el abogado de Toledo, Roberto Su.
Como respuesta, el jefe de extradiciones del Ministerio Público, Edgar Rebaza, insistió en que el proceso de recibimiento de Toledo era “largo” y reconoció que el expresidente tiene varias dolencias “propias de su edad”.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo con la orden del Poder Judicial peruano, Toledo deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo durante las investigaciones.
Esto es en cumplimiento de la orden preventiva emitida en febrero de 2017 "la cual no se ejecutó porque justo antes de que el juez dictara medida Toledo salió del país", dijo Ampuero.
El Instituto Nacional Penitenciario confirmó el internamiento de Toledo en la llamada "cárcel de los expresidentes", donde Toledo de momento no recibirá visitas, a la espera de que las autoridades carcelarias determinen el mejor momento para que se vea al exgobernante por medidas de seguridad.
Su hermano, Pedro Toledo, trató de ver este lunes al expresidente sin éxito, y declaró a la prensa reunida fuera del penal que lo correcto sería dictar arresto domiciliario debido al delicado estado de salud de Alejandro Toledo.
El abogado Roberto Su tampoco pudo entrar a Barbadillo. “No sé cómo ha amanecido, no sé cómo se encuentra, no he podido verlo. Me dicen que están haciendo una visita médica y me van a permitir el ingreso”, dijo en las afueras de la cárcel.
El letrado también adelantó que el lunes se celebrará una audiencia de control de acusación a Toledo, pero que este no está obligado a acudir.
"Lo que se le viene a Toledo realmente es bastante tiempo - creo- privado de su libertad, aunque ya su defensa anunció que va a pedir una variación de su prisión preventiva por un arresto domiciliario el cual va a tener como fundamento su estado de salud (...) Dudo mucho que las autoridades le vayan a variar su prisión, pero va a ser evaluado en una audiencia pública", opinó.
Otros casos pendientes
Junto a este proceso relacionado con Odebrecht y a la obra Interoceánica, "todavía se encuentran en trámite en los EEUU dos cuaderno de extradición: uno relacionado a otra de construcción y el segundo por el caso denominado ECOTEVA por la compra de varios inmuebles muy costosos en Lima, cuya procedencia de dinero es el pago de coimas", explicó a la VOA la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato.
Ampuero advirtió que EEUU aún "tiene que autorizar esos cuadernos a efectos de que pueda ser procesado por esas compras irregulares", por las que también está siendo procesada la esposa de Toledo, Eliane Karp, pendiente de extradición desde territorio estadounidense.
Otras personas cercanas al entorno del expresidente como su suegra y miembros de su seguridad, también están siendo investigados.
"La llegada de Alejandro Toledo ha causado revuelo y también preocupación en muchos sectores porque Toledo ha gobernado nuestro país durante cinco años y en esos cinco años ha operado en nuestro país una organización criminal llamada el Club de las Constructoras, el cual ha estado conformado por empresas tanto nacionales como extranjeras que se sorteaban las principales obras de nuestro país", indicó Ampuero.
De acuerdo a la abogada, las empresas pagaban sobornos a los funcionarios del Estado encargados de otorgar los proyectos de las principales obras públicas y "mantenían el control total sobre las licitaciones".
"El que venga Toledo y que exista la posibilidad de que él, viéndose privado de su libertad durante tanto tiempo este pueda acogerse a la colaboración eficaz o delación premiada, (los implicados) temen que sus nombres vayan a salir a la luz, temen que puedan ser delatados (...) que se puedan abrir nuevas líneas de investigación en contra de otras empresas, en contra de empresarios y de otros funcionarios públicos. Ese es el gran temor que existe", afirmó Ampuero.
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