El expresidente del Perú, Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, fueron acusados el martes de lavado de activos en organización criminal, en relación a los sobornos del caso Odebrecht.
El fiscal Germán Juárez Atoche dijo que la acusación, en la que también está imputado el Partido Nacionalista, incluye más de 1.500 folios en 7 tomos.
Juárez Atoche ha pedido 26 años y seis meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años para Ollanta Humala.
Humala Tasso y Heredia están acusados de recibir dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Una investigación de cuatro años y cuatro meses concluyó en la acusación del Ministerio Público a la pareja presidencial y a un grupo de personas que participaron en el ocultamiento de más de 3 millones de dólares entregados por Odebrecht y otros fondos que provendrían de la minería ilegal.
La fiscalía denunció que una de las maneras en que los acusados recibían el dinero de los sobornos es mediante el llamado "pitufeo", donde se hacen depósitos en diferentes tramos y montos para que no puedan ser detectados por fiscalizadores bancarios. También lo hicieron por medio de cobros por actividades o informes profesionales que nunca se realizaron.
Según la teoría de los fiscales, el dinero de "procedencia ilícita' fue a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otra parte al patrimonio de Humala y Heredia.
La acusación es la etapa intermedia del proceso que pasa ahora a un juez de garantías, quien llamará en los próximos días a una audiencia de control para que el caso pase a una sala de juzgamiento si se declaran procedentes los cargos.
Le exprimera dama Nadine Heredia comenzó a ser investigada por lavado de activos a fines de enero de 2015, junto con su madre Antonia Alarcón, sus hermanos y otras personas. Heredia fue investigada antes por el mismo delito en 2006, pero el caso fue archivado en segunda instancia.
En 2016, la fiscalía recibió de la Procuraduría de lavado de activos un grupo de agendas y libretas con anotaciones de millonarias cantidades hechas por la exprimera dama, que sumaban 3 millones 600 mil dólares.
La expareja presidencial alegó que las libretas habían sido adulteradas y que varias de las anotaciones no eran la letra de Heredia, afirmación que desmintió un informe grafotécnico.
En diciembre de 2016, Odebrecht y exfuncionarios reconocieron la entrega de sobornos a funcionarios y aportes a las campañas de candidatos en las elecciones de 2011. El exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata confesó haber entregado 3 millones de dólares al Partido Nacionalista para la campaña de Ollanta Humala.
En mayo de 2017, el CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, reconoció al fiscal Germán Juárez que donó el dinero a pedido del Partido de los Trabajadores del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente en prisión.
En julio de 2017, la justicia peruana ordena prisión preventiva por 18 meses para Ollanta Humala y Nadine Heredia por existir graves y fundados elementos de convicción que habían cometido el delito de lavado de activos.
La expareja presidencial fue liberada el 26 de abril de 2018, por orden del Tribunal Constitucional, indicando que la orden de prisión preventiva no fue motivada adecuadamente.
Pero la investigación continuó e implicados como Barata y Marcelo Odebrecht ratificaron sus versiones a la fiscalía y entregaron documentos de prueba de las transferencias al Partido Nacionalista, algunas de cuando Humala ya estaba en el gobierno.
Este martes, la defensa del expresidente Humala y su esposa solicitaron una tutela de derechos buscando dejar sin efecto la incorporación de nuevos elementos de convicción presentados por la fiscalía, obtenidos mediante un acuerdo de colaboración eficaz del Ministerio Público con Odebrecht.
El juez falló que dado que la denuncia contra la expareja presidencial ya estaba oficializada, no era posible pronunciarse sobre la viabilidad de la inclusión de pruebas por parte de la fiscalía, e indicó que el juez que se encargue del proceso será quien decida si admitir o no el pedido del abogado defensor.
La siguiente etapa del proceso ocurrirá en un plazo de 20 días cuando el Poder Judicial se pronuncie sobre cuándo ocurrirá la audiencia de control de la denuncia.
