Los integrantes de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos insistieron este martes en el llamado a la comunidad internacional respecto a la necesidad urgente de adoptar acciones “conjuntas” que aumenten la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien busca la reelección.
El llamado, en el cual encontraron un punto de coincidencia tanto demócratas como republicanos, se hizo durante una audiencia convocada por la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EE. UU. para tratar el tema.
En ella, el congresista demócrata Albio Sires reprochó al Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo que recientemente le otorgó al Gobierno de Ortega para atender la emergencia del COVID-19.
“Me frustra que el Fondo Monetario Internacional haya proporcionado recientemente 350 millones de dólares al régimen. El FMI no debería creer en la palabra de Ortega de que estos fondos se usarán para enfrentar la pandemia del COVID”, señaló Sires.
“Todos debemos recordar que este es el mismo régimen que pasó los primeros 16 meses de la pandemia en grandes manifestaciones políticas, manipulando registros médicos para desinflar el número de muertos y despidiendo a médicos y enfermeras que hablan”, continuó.
Mientras que por su parte el republicano Mark Green acusó a la Administración Ortega de convertir a “Nicaragua en un estado policial tiránico”.
“Me entristece profundamente la represión que está sufriendo Nicaragua”, citó y trajo a colación el sufrimiento y desesperación que viven los familiares de los considerados “presos políticos y víctimas de Ortega”, con quienes, según dijo, sostiene encuentros regularmente.
Para evitar que Ortega y otros gobiernos acusados de violaciones de los derechos humanos accedan a fondos internacionales, tanto demócratas como republicanos le pidieron a la líder de la Cámara, Nancy Pelossi, acelerar la aprobación de la ley Renacer.
Mientras tanto, el Departamento de Estado sigue promoviendo sanciones económicas a funcionarios del Gobierno Ortega-Murrillo.
Además, según Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, están “trabajado con el Departamento del Tesoro para imponer sanciones a los implicados con la represión del gobierno”.
La subsecretaria aseguró que hasta el momento EE. UU. ha sancionado a 31 individuos y 8 entidades de gobierno, y se han anulado 169 visas.
Nicaragua vive desde 2018, una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que entidades nicaragüenses pro-derechos humanos elevan la cifra a 684 y el Gobierno minimiza el número a 200 y justifica los hechos amparándose en un supuesto intento de golpe de Estado.
Recientemente el Gobierno nicaragüense arrestó a decenas de opositores, atacó a periodistas, prohibió al principal partido de la oposición participar en las elecciones de noviembre en el país y inhibió a varias organizaciones no gubernamentales estadounidenses y europeas operar en el país.
Si bien Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a Ortega y sus aliados, el Fondo Monetario Internacional desembolsó recientemente 353,5 millones de dólares a Nicaragua con el objetivo de ayudarla a mitigar el impacto económico de la pandemia, en una controvertida medida criticada por algunos de los críticos de Ortega
"La democracia en Nicaragua está muriendo"
Por su parte la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, quien también participó en la audiencia, advirtió sobre el futuro de Nicaragua al decir que la democracia en ese país centroamericano está pereciendo.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están previstas para el próximo mes de noviembre. Ello en el contexto nacional marcado por la detención de la mayoría de los precandidatos que se habrían enfrentado en las urnas al presidente Daniel Ortega.
“La democracia en Nicaragua está pereciendo a plena luz del día, está muriendo”, indicó Chinchilla al comparecer en una audiencia de la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Dentro y fuera de Nicaragua está siendo cuestionado el proceso electoral.
La exmandataria costarricense agregó: “Estamos a seis semanas de la probable consolidación de la más despiadada, corrupta y nefasta dictadura en el corazón de las Américas”.
Argumentó que se necesita acción y es urgente. “Espero que nuestros próximos pasos nos lleven a nuestro compromiso con la democracia”, señaló.
Chinchilla afirmó que Ortega debe pagar un alto precio por establecer un regimen al estilo Corea de Norte en las Américas.
Por su parte, Berta Valle, periodista y defensora de los derechos humanos, esposa del periodista nicaraguense Félix Maradiaga, al comparecer ante la Subocomisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. dijo que su esposo ha sido preso político de Daniel Ortega por 105 días por hablar contra su gobierno. Indicó que Maradiga es uno de los más de 140 presos políticos en Nicaragua.
Las autoridades nicaragüenses arrestaron en junio a Félix Maradiaga, un académico y activista político, que aspiraba a la presidencia del país.
“Como profesor, servidor público y activista, él siempre hizo énfasis en la importancia de cambios sin violencia”, dijo su esposa en la audiencia.
* Con información de Jaime Moreno, adaptación web de Lenny Castro.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
