![El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, visita Venezuela para apoyar los esfuerzos para abordar las necesidades humanitarias en el país sudamericano. [Foto ARCHIVO - 18 de abril de 2022 en la sede la ONU]](https://gdb.voanews.com/09680000-0a00-0242-1583-08da748082e8_w250_r1_s.jpg)
Representantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales coinciden en valorar positivamente la visita a Venezuela del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, pues consideran que podría abrir la posibilidad de “reforzar” los programas de respuesta humanitaria.
La visita del funcionario, que culmina el martes, busca “apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales y fortalecer la prestación de servicios básicos”, según un comunicado divulgado por su oficina.
De acuerdo a Griffiths, que se reunió con el presidente Nicolás Maduro, agencias de la ONU y ONG nacionales e internacionales, el año pasado pudieron alcanzar 4,5 millones de personas en Venezuela, y precisó que más de la mitad fueron mujeres y niñas.
Para Juan Rodríguez, miembro de Acción Solidaria, una organización que trabaja con pacientes con VIH, la presencia del funcionario de la OCHA en Venezuela podría abrir la posibilidad de “reforzar” la respuesta humanitaria en el país y evitar excluir a Venezuela de la agenda de las agencias humanitarias en el contexto de la “compleja” situación geopolítica mundial.
Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, una Asociación Civil dedicada a trabajar por la promoción de los derechos fundamentales, expuso a VOA que durante el encuentro con Griffiths plantearon cuáles son los desafíos y los riesgos para el desarrollo de la labor humanitaria en Venezuela y considera que el funcionario puede servir de “mediador o portavoz” para resolver los obstáculos.
“Hay zonas del país que, sin la ayuda del Estado, sobretodo en el tema de combustible, seguridad y transporte, la ayuda humanitaria es muy difícil hacerla llegar. Es importante que el gobierno y las organizaciones podamos articular, viabilizar que la ayuda llegue a estas zonas”, dijo.
Cabezas cuestiona la narrativa que expone que la situación en el país “se arregló”, e insiste en que las evidencias numéricas demuestran lo contrario.
“Seguimos teniendo marcadores sobretodo en el tema de riesgo nutricional, en el tema de pobreza que evidencian la existencia de una emergencia humanitaria; eso nos saca del radar de la ayuda humanitaria y es un gran riesgo porque puede convertirnos en una emergencia
humanitaria olvidada”, subrayó al referirse a los signos de la “incipiente” recuperación económica en algunas capitales del país y que ha generado debate en redes sociales.
“Hay una enorme desigualdad, no hay una recuperación homogénea”, insiste.
Cabezas también planteó ante Griffiths la necesidad de que las personas mayores sean incluidas en el plan de respuesta humanitaria de manera diferenciada porque tienen necesidades “distintas y muy especificas”.
La organización Acceso a la Justicia que monitorea la administración de justicia y el estado de Derecho en Venezuela, dijo esperar que el funcionario de la ONU “pueda cumplir su labor en favor de los más necesitados por ayuda humanitaria en el país”.
Futuro de las ONG
La discusión del proyecto de Ley de Cooperación Internacional que avanza en el Parlamento de mayoría chavista y que, según activistas, amenaza con restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que advierten sobre las consecuencias que tendría para los sectores más vulnerables.
Consultado por VOA, Cabezas resaltó que expusieron a Griffiths la necesidad de llevar a cabo un “trabajo de abogacía”, pues de aprobarse estiman que, “prácticamente se acaba la cooperación en Venezuela”.
“Ningún donante va a querer poner fondos porque supondría que los fondos entrarían a una instancia del gobierno que otorgarían una desmedida discrecionalidad al Estado. No veo, por ejemplo, a un Estado recibiendo fondos asignándolo a las organizaciones de DDHH para que ponga en evidencia las violaciones a los DDHH del propio Estado”, resalta.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización defensora de Derechos Humanos PROVEA, alertó en mayo que son los ciudadanos beneficiarios de las organizaciones que han asumido funciones que el Estado “no puede satisfacer” quienes resultarían perjudicados.
El artículo 26 del anteproyecto que ha circulado establece que serán sometidas a “evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva” aquellas organizaciones que realicen actividades de cooperación internacional en Venezuela que, participen “de manera directa o indirecta” con otras asociaciones, gobiernos u organismos internacionales, “en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales” contra Venezuela.
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