El ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa abandonaron el lunes dos prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel revocada hace cuatro días.
Ambos son investigados por la fiscalía desde hace casi tres años por los supuestos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht, pero aún no han sido acusados.
En los exteriores de la prisión donde estuvieron retenidos 290 días, Humala, salió por el techo panorámico de la camioneta que lo trasladaba y dijo brevemente a la prensa que "ha estado luchando para que prevalezca el respeto a la Constitución".
Humala añadió que iría primero al local de su partido político y después a reencontrarse en libertad con sus tres hijos.
Una hora antes su esposa Nadine Humala abandonó la cárcel de mujeres. Levantando la mano izquierda, partió a su domicilio sin declarar a la prensa.
El Tribunal Constitucional ordenó el jueves la liberación de la pareja y anuló la prisión preventiva que decretó el juez Richard Concepción en julio de 2017 argumentando que existía peligro de que se fugaran de Perú.
La máxima corte constitucional aclaró que no se analizó el "tema de fondo" y que ambos seguirán bajo investigación con libertad restringida.
La fiscalía afirma que los Humala recibieron dinero público de Venezuela para la campaña presidencial de 2006 en la que Humala perdió. También se les que acusa que en 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero a su campaña.
Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró que entregó tres millones de dólares a Humala por orden del brasileño Partido de los Trabajadores, lo cual ha sido negado por Humala.
La decisión constitucional podría ser usada para evitar que otros expresidentes que gobernaron Perú entre 2001 e inicios de 2018 vayan a prisión provisional por sus presuntos nexos con Odebrecht, entre ellos Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
En Perú, recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas en el país latinoamericano.
En 2016 Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Toledo, Alan García y Humala entre 2001 y 2016.
Humala había estado compartiendo la prisión, en una base policial de Lima con el expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre en vísperas de la Navidad por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El expresidente ejecutivo de Odebrecht Marcelo Odebrecht dijo que la empresa entregó 3 millones de dólares a Humala por órdenes del Partido de los Trabajadores de Lula, quien respaldó su campaña por razones ideológicas, según la fiscalía peruana.
Pero hasta ahora los fiscales no han presentado cargos formales y muchos argumentaban que su prisión era injusta, especialmente porque otros políticos investigados están libres.
Con información de AP y Reuters
