Cuando el asesino convicto Orlando Hall fue ejecutado en Indiana el 19 de noviembre, fue la primera vez en más de un siglo en que una ejecución en una prisión federal tuvo lugar en los últimos meses de un presidente saliente tras una elección.
Pero esta no será la única ejecución durante las últimas semanas del actual mandato del presidente Donald Trump. Otros cinco reclusos federales condenados a muerte, incluyendo la única mujer actualmente esperando la pena máxima, están previstos a ser ejecutados en los próximos dos meses. El último está supuesto a tener lugar sólo cinco días antes del cambio de gobierno previsto para el próximo 20 de enero.
La última ejecución federal después de las elecciones ocurrió en 1889 durante los meses finales de la primera presidencia de Grover Cleveland, según el Centro de Información de la Pena de Muerte. Tradicionalmente, los presidentes salientes dejaron las decisiones pendientes sobre ejecuciones a sus sucesores.
Si se procede con las cinco ejecuciones planificadas, un total de 13 prisioneros federales habrían sido ejecutados con inyecciones letales entre julio pasado y enero del 2021, concluyendo poco antes de que el proyectado presidente electo Joe Biden sea inaugurado el 20 de enero. Las 10 ejecuciones del 2020 son más que ningún año en el siglo XX o XXI, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.
La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se producen a nivel estatal. Sólo el año pasado hubo 22 ejecuciones estatales, comparado con tres ejecuciones federales en los anteriores 34 años.
El viernes, el Departamento de Justicia anunció planes de tres ejecuciones, subrayando la brutal naturaleza de los asesinatos cometidos por los que hoy están programados a morir.
Ellos incluyen a Alfred Bourgeois, quien abuso y golpeó hasta matar a su hija de dos años y medio en el 2002; Cory Johnson, un ex miembro de una pandilla de Richmond, Virginia, fue condenado a morir por el asesinato de siete personas en 1992; y Dustin John Higgs, sentenciado a muerte por el secuestro y asesinato de tres mujeres en 1996.
Las ejecuciones programadas son parte de una ola que empezó en julio, cuando el Departamento de Justicia reinició la pena capital luego de una pausa de 17 años. Vienen a producirse cuando el apoyo a la pena de muerte ha bajado a niveles históricamente bajos y mientras un número creciente de estado han abandonado la práctica.
Tanto el presidente Trump como el Fiscal General William Barr son fuertes defensores de la pena capital, y los opositores a la pena de muerte dicen que el Departamento de Justicia está apresurando las ejecuciones antes de que Biden pueda bloquearlas.
“Si logran sobrevivir más allá de la salida de Trump y la entrada de Biden, ellos vivirán”, dijo Helen Prejean, una hermana católica y veterana promotora de la abolición de la pena de muerte.
Estados Unidos es la única democracia occidental que aún usa la pena capital. Como la mayoría de los demócratas, Biden fue una vez un defensor de la pena de muerte. Pero durante la campaña presidencial del 2020, se unió a otros candidatos demócratas que prometieron abolirla.
“Biden trabajará para aprobar leyes para eliminar la pena de muerte a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal”, según la página web del presidente electo. “Estos individuos deberían en lugar cumplir cadena perpetua sin derecho a libertad condicional”.
Pero con los republicanos encaminados a seguir controlando el Senado después de dos elecciones especiales en Georgia previstas para el 5 de enero, aprobar leyes para prohibir la pena de muerte será muy difícil, según los expertos.
Como resultado, Biden muy probablemente restaurará la moratoria que estuvo vigente por la mayoría de las últimas dos décadas, dijo Arthur Ago, director del Proyecto de justicia criminal del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley.
Poner fin a las ejecuciones federales es parte del paquete de reformas de Biden, que incluye un uso aumentado del poder presidencial de clemencia.
“Hay un enfoque en la rehabilitación de las personas que han sido condenadas por delitos”, dijo Ago.
Las ejecuciones federales fueron suspendidas en el 2003, en medio de cuestionamientos sobre la constitucionalidad del protocolo del gobierno para las inyecciones letales.
Cuando Barr anunció el año pasado de que estaba levantando la moratoria con la adopción de un nuevo protocolo, dijo que la pena de muerte era reservada para “los peores criminales”.
“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la Ley y le debemos a las víctimas y sus familias ejecutar la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, dijo Barr en una declaración escrita.
Pero no todas las familias de las víctimas apoyan las ejecuciones.
En julio, Daniel Lewis Lee se convirtió en el primer prisionero federal en ser ejecutado en 17 años. Pero la familia de sus dos víctimas, Nancy Mueller y su hija de ocho años, se habían opuesto a la ejecución de Lee e infructuosamente buscaron retrasarla hasta la llegada de la pandemia del COVID-19.
Ahora, en medio de un rebrote de casos del COVID-19 en todo el país, los defensores de derechos humanos se preocupan de que las próximas ejecuciones, todas planificadas para realizarse en el mismo complejo federal en Indiana y seguros de que atraerá manifestantes a favor y en contra de la pena de muerte, se convierta en un evento de mucho contagio del virus.
“Esto es absolutamente excesivo, programar cinco ejecuciones no solo durante una pandemia pero en un momento en que Indiana, el condado donde está ubicada la prisión en el Condado Vigo, y la nación están enfrentando peligros sin precedentes del COVID-19”, dijo Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Pena Capital de la Unión Americana de Libertades Civiles.
En julio y Agosto, el gobierno federal trajo a centenares de personas al complejo correccional de Indiana para participar en cinco ejecuciones, según documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles bajo la Ley de Libertad de Información. Stubbs dijo que esto posiblemente fue lo que ocasionó un brote mayor de COVID-19 en la prisión.
“Traen a cientos de guardias a toda la prisión, guardias que están en contacto con miles de prisioneros”, dijo Stubbs.
El Departamento de Justicia y el Buró de Prisiones no respondieron a solicitudes de comentarios.
Los cinco prisioneros que aguardan su ejecución incluyen a Lisa Montgomery, la única mujer esperando pena de muerte. Montgomery fue condenada en 2007 por estrangular a una mujer embarazada, cortando su vientre y secuestrando al bebé. Los abogados de Montgomery dicen que ella sufrió violencia sexual extrema y trauma por lo que merece recibir clemencia.
“Ninguna otra mujer ha sido ejecutado por un crimen similar, porque la mayoría delos fiscales han reconocido que es inevitablemente el producto de trauma y enfermedad mental”, dijo Sandra Babcock, una de sus abogados.
La ejecución de Montgomery, inicialmente programada para el 8 de diciembre, fue pospuesta al 12 de enero luego que sus abogados contrajeran el virus y el juez aceptó posponerla. Ella sería la primera mujer ejecutado bajo ley federal en 67 años.
Dos días después, el 14 de enero, Johnson sería ejecutado. Y el 15 de enero, correspondería a Higgs su ejecución.
A pesar del menguante apoyo público para la pena capital en general, la mayoría de los estadounidenses aún respaldan la pena de muerte para personas condenadas por asesinato.
Jeremy Mull, el fiscal de Clark County, Indiana, y un partidario de la pena capital, dijo que las próximas ejecuciones “caen dentro de la definición de lo peor de lo peor”.
“Todos estos casos parecen ser casos donde la justiciar requeriría del fin de la vida del asesino”, dijo Mull en una entrevista.
Pero los abogados de Johnson mantienen que él es intelectualmente discapacitado y ha sido un prisionero modelo mientras los abogados de Higgs dicen que “merece Clemencia en parte por la injusta disparidad de sentencia en el caso”, señalando que el cómplice de Higgs, quien haló el gatillo, recibió cadena perpetua sin libertad condicional.
“En los 20 años que ha estado encarcelado, el señor Higgs se ha ajustado excepcionalmente bien a la vida en prisión y tiene mucho de ser un reo modelo”, dijo Shawn Nolan, uno de los abogados de Higgs, en una entrevista. “Su historial demostrado de ajuste positivo lo hacen particularmente apto para vivir pacíficamente el resto de su vida bajo custodia”.
