Amy Coney Barrett participó el lunes en su primer caso como miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con el presidente del tribunal, el magistrado John Roberts, dándole la bienvenida antes de cuestionar a uno de los abogados en una disputa en que un grupo ambientalista busca obtener documentos gubernamentales.
Gracias a la pandemia del coronavirus, Barrett hizo su debut no en una sesión pública en el imponente salón de audiencias de la Corte donde usualmente se ventilan los casos, sino en un formato de teleconferencia cuyo audio estuvo accesible al público.
Aunque Barrett oficialmente empezó a trabajar el martes pasado, ella no participó en las conferencias privadas del viernes donde los magistrados discutieron los nuevos casos a escuchar, porque ella estaba preparando los argumentos de esta semana, indicó una portavoz de la Corte.
“Es un gran placer para mi y mis colegas darle la bienvenida a esta corte a la magistrada Barrett”, dijo el presidente del Tribunal, magistrado John Roberts. “….magistrada Barrett, le deseamos una larga y feliz carrera en nuestro llamado común”.
Con los magistrados turnándose por antigüedad, Barrett fue la última en intervenir en un caso presentado por el grupo ambientalista Sierra Club, el cual busca documentos relacionados con una regulación del Servicio de Pesca y Fauna de Estados Unidos que fue adoptada en el 2014.
La agencia concluyó que la regulación ambiental sobre las estructuras de absorción de agua para su enfriamiento, usadas por plantas de energía y otras instalaciones industriales, no afectarían especies en peligro de extinción, incluyendo pescados, tortugas y mariscos.
Barrett, tras la intervención del también nominado por el presidente Trump, Brett Kavanaugh, continuó con su línea de cuestionamiento sobre cómo las cortes determinan que documentos internos de agencias son sujetos de una ley federal llamada la Ley de Libertad de Información, que le permite a la ciudadanía solicitar ciertos documentos.
“¿Qué otros factores debería considerar una corte?”, preguntó Barrett, en relación a cómo deciden las cortes si un documento borrador, en contraste con un reporte final, puede ser buscado como parte de una solicitud bajo dicha ley.
Un juez federal en California falló en el 2’17 que 11 documentos pueden ser publicados. El gobierno apeló y la Novena Corte de Apelaciones, en San Francisco, falló parcialmente a favor del gobierno pero siempre determinó que nueve de los documentos tenían que ser entregados.
Fue el primero de dos casos el lunes. El segundo caso fue una disputa sobre beneficios por desempleo que involucró a un extrabajador ferroviario.
El Senado, controlado por los republicanos, confirmó a Barrett hace una semana, a pesar de la enérgica oposición de los demócratas. Trump anunció el 26 de septiembre que Barrett era su nominado para remplazar a la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg, quien falleció de cáncer el 18 de septiembre. Barrett había sido nombrada por Trump como juez federal de apelaciones en el 2017, luego que ella fungiera como profesora en la Universidad Notre Dame, en Indiana.
La confirmación de Barrett aumentó la mayoría conservadora en el tribunal supremo con 6 magistrados frente a 3 liberales.
El caso del lunes fue argumentado un día antes de las elecciones en que el presidente republicano busca un segundo período contra el rival demócrata Joe Biden. En sus actos de campaña, Trump promovió el nombramiento de Barrett, generando los aplausos de sus seguidores.
Ningún magistrado de la Corte Suprema había jamás sido confirmado tan cerca a una elección presidencial. A los 48 años, Barrett podría servir durante décadas en su cargo vitalicio junto a los otros dos magistrados nombrados por Trump, Kavanaugh y Neil Gorsuch.
El primer gran caso en que Barrett participará tendrá lugar el miércoles cuando la corte escuchará una disputa sobre derechos religiosos que involucra la negativa de la ciudad de Filadelfia a ubicar a niños en hogares temporales con una agencia católica que prohíbe a parejas del mismo sexo servir como padres temporales.
La próxima semana, la corte escuchará argumentos en que Trump y estados gobernados por republicanos estarían buscando derogar la Ley de Salud Accesible, la ley aprobada en 2010 y conocida como Obamacare, que ayudó a millones de estadounidenses a adquirir una póliza de seguro de salud.
