Un despacho del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el jueves su responsabilidad con el mecanismo regional conocido como Compromiso de Lima.
Acordado en abril de 2018 durante la VIII Cumbre de las Américas, los jefes de estado y de gobierno de las Américas crearon la herramienta anticorrupción que busca fortalecer la gobernabilidad democrática.
Dos años atrás la Cumbre se comprometió a “Fortalecer la autonomía e independencia judicial”, de acuerdo a los estándares interamericanos y universales que se pueden aplicar a la persecución del fin de la corrupción.
Hoy el Departamento de Estado recordó que EE.UU. es “el mayor donante al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, una iniciativa que –asegura- “ayuda a garantizar que los países de la región, incluido Estados Unidos, cumplan con sus obligaciones internacionales para prevenir y combatir” dicho flagelo.
En la declaración del jueves, la administración Trump informó que el país ha hecho gestiones frente al FMI para “promover la buena gobernanza”, y que de ello han salido programas que incluyen “los más de US $ 4.000 millones en asistencia financiera de emergencia del FMI para abordar la COVID-19 en el Hemisferio Occidental”.
Entre otras iniciativas, el comunicado resalta las labores del gobierno estadounidense para “mejorar la capacidad, las oportunidades, la participación y la dignidad de las comunidades históricamente marginadas, como las mujeres y las niñas, las personas de ascendencia africana, los pueblos indígenas y las lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), para enfrentar con éxito las barreras que les impiden participar plenamente en la vida política, económica y social”.
Además, recalca que EE.UU. ha trabajado con sus socios de Brasil, Colombia, México, Uruguay y Canadá “sobre la igualdad racial, étnica y de género”.
