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Extraditan a EE.UU. a cinco peruanos acusados de estafas telefónicas


Por medio de llamadas telefónicas los acusados presentados ante la justicia en EE.UU. en octubre, amenazaban a las víctimas para hacerles comprar productos.
Por medio de llamadas telefónicas los acusados presentados ante la justicia en EE.UU. en octubre, amenazaban a las víctimas para hacerles comprar productos.

Los acusados usaban llamadas telefónicas para embaucar a las víctimas, cobrarles por compras ficticias y les amenazaban con procesos legales, haciéndose pasar por funcionarios públicos y abogados.

El gobierno de Estados Unidos anunció que cinco ciudadanos peruanos, residentes en Lima, fueron extraditados y comparecieron ante la corte federal de Miami, acusados de delitos relacionados con estafas a través de llamadas telefónicas.

"La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y procesará a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses, dondequiera que estén", dijo el subsecretario interino de Justicia, Jeffrey Bossert Clark.

Los acusados supervisaban centros de llamadas en las que “amenazaban y defraudaban a consumidores estadounidenses de habla hispana”, refiere la nota del Departamento de Justicia.

Además, “enfrentan una acusación formal de 55 cargos por conspiración, fraude postal, fraude electrónico y extorsión”, la acusación fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida en junio de 2018. Washington solicitó entonces la extradición de los cinco acusados.

Para consumar la trama, “los centros de llamadas decían falsamente a los consumidores que habían ganado rifas por productos gratuitos, incluidas tabletas de computadora con cursos de inglés”, pero luego “se les dijo que debían hacer grandes pagos para recibir los productos”.

Cuando las víctimas –la mayoría personas de la tercera edad- hicieron saltar la voz de alarma, los sospechosos alegaron “que las víctimas no habían pagado ni recibido la entrega de productos de manera ilegal”.

Según la acusación citada por el Departamento de Justicia, los acusados dijeron falsamente a las víctimas que tenían la obligación contractual de pagar y recibir productos y que habían causado problemas legales, por lo que “muchas víctimas pagaron debido a estas amenazas infundadas, y los acusados y sus co-conspiradores recaudaron fraudulentamente más de 3 millones de dólares en pagos”.

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