Quienes pidan asilo en Estados Unidos y su solicitud sea rechazada por los funcionarios de inmigración, no tendrán oportunidad de apelar tal decisión, así lo confirmó el pasado 25 de junio la Corte Suprema de Justicia, y ya tiene casos concretos.
La decisión del Supremo judicial estadounidense por 7-2 en los votos con la negativa de los interesados de apelar en un tribunal federal, permite que la administración actual avance con las deportaciones de los solicitantes de asilo.
Un caso específico al que la Voz de América tuvo acceso, es el de un solicitante de asilo de Sri Lanka llamado Vijayakumar Thuraissigiam.
Thuraissigiam dijo a los funcionarios de inmigración que había sido secuestrado, interrogado y golpeado, tanto que pasó días en un hospital. Entonces escapó de Sri Lanka y finalmente cruzó a Estados Unidos desde México, donde solicitó asilo.
Los funcionarios de inmigración negaron su solicitud y luego negaron su solicitud de apelar ante un tribunal superior.
Abogados del esrilankés apelaron en su nombre, y el caso llegó a la Corte Suprema.
Emma Winger, abogada del Consejo Americano de Inmigración dijo que, incluso si tiene razón, el Congreso ya dijo en un estatuto que no puede llevar esto la vía del por hábeas corpus, “la Constitución requiere que pueda presentar mi reclamo ante un tribunal federal. El Tribunal del Noveno Circuito dijo que sí. La Corte Suprema dijo que no”.
Al negar el caso, los jueces señalaron una ley que dice que si una persona solicita asilo, tiene derecho a una entrevista con un oficial de inmigración o un juez que pueda tomar una decisión rápida y final sobre su caso.
Thuraissigiam dice que su entrevista duró 13 minutos, luego el juez de inmigración rechazó su solicitud y estaba programado para ser deportado.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) intervino alegando que la deportación acelerada limita el derecho de los solicitantes de asilo a una audiencia judicial justa garantizada por la Constitución.
“A veces esa audiencia toma menos de 10 minutos, y eso sin que un tribunal revise el proceso. Creo que lo que estamos viendo es la continuación de que los solicitantes de asilo sean enviados de vuelta por error a la persecución y posiblemente a la muerte", argumentó Lee Gelernt, abogado de ACLU.
El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, enfatizó que los inmigrantes indocumentados detenidos cerca de la frontera no tienen derecho a procedimientos judiciales. Agregó que la ley aprobada por el Congreso les otorgó consideración preliminar, y eso fue suficiente.
Un precedente negativo
“Hay una sensación real de que él piensa [el juez Alito] que los solicitantes de asilo están abusando del proceso de miedo creíble. Por ejemplo, él sugirió que debido a que se descubrió que un porcentaje relativamente pequeño de personas que recibieron asilo en 2019 tenían un miedo creíble, eso es evidencia de alguna manera de que hay mucho miedo creíble fraudulento y frívolo", dijo Winger.
Dos de los jueces de la Corte Suprema expresaron su desacuerdo; según ellos, los derechos constitucionales no deberían depender del cambio del clima político en Estados Unidos. Los expertos dicen que esta decisión creará un precedente para miles de solicitantes de asilo que vienen al país.
“(…) Es un sistema que es propenso a los abusos y errores porque es rápido", criticó Winger.
En tanto el subprocurador general Edwin Kneedler, en representación de la administración Trump, afirmó que si la Corte Suprema hubiera dictaminado de manera diferente, habría creado un enorme retraso judicial y miles de casos nuevos.
Kneedler decretó que igualmente una decisión favorable en el caso habría otorgado a los inmigrantes indocumentados el derecho de apelar las decisiones de inmigración en un tribunal federal.
(Anatol Casenco, de VOA News contribuyó al video reportaje original en inglés).
