El presidente Donald Trump firmó un memorando este martes que establece que la presencia de inmigrantes indocumentados no deberá computar a la hora de repartir los escaños en el Congreso de Estados Unidos.
"Con el objetivo de prorratear a los legisladores una vez elaborado el censo de 2020, es la política de Estados Unidos el excluir del computo que sirve de base a aquellos inmigrantes que no se encuentran en un estatus migratorio legal", señala el documento, que fue divulgado por el Gobierno.
El Ejecutivo argumenta que la exclusión de "estos extranjeros ilegales" del prorrateo "está más en consonancia con el sistema de democracia representativa" que caracteriza al país.
El computo de habitantes del país resulta fundamental a la hora de ajustar la representación de cada distrito en la Cámara de Representantes, que es revisada cada diez años, tras realizarse cada censo, para ajustar las necesidades a las realidades del presente.
Hace ahora un año, la administración Trump planteó la posibilidad de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo, del cual depende en última instancia el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
Sin embargo, ante la decisión del Tribunal Supremo de que la inclusión de semejante pregunta supondría una violación de la Carta Magna, finalmente el Gobierno decidió dar marcha atrás. Aunque el censo aún no ha terminado de realizarse, numerosos expertos han lamentado que la maniobra de la Casa Blanca ha evitado que muchas personas participen en él por falta de confianza en la confidencialidad de sus respuestas.
El propio presidente Trump defendió su decisión asegurando que la medida "refleja un mejor entendimiento de la Constitución".
"Mi administración no apoyará dar representación en el Congreso a extranjeros que entraron o permanecen en el país ilegalmente, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno", señaló Trump en un comunicado, dando a entender que los migrantes irregulares pueden ejercer el derecho al voto y, por lo tanto, contar con representación en el Capitolio.
A pesar de que los migrantes indocumentados están obligados a pagar impuestos sobre la renta, la realidad es que no pueden votar en las elecciones y, por lo tanto, carecen de representación en las Cámaras. Los residentes permanentes, por contra, sí tienen derecho a votar en algunas elecciones locales, pero no en las federales.
"Al igual que no le damos poder político a quienes están aquí temporalmente, no deberíamos darle poder político a gente que no debería estar aquí en absoluto", concluyó el mandatario.
Reacciones en contra
El Partido Demócrata reaccionó a la firma del memorando calificándolo de "orden inconstitucional que no tiene otro propósito que silenciar y quitarle el poder a las voces latinas y a las comunidades de color".
"La agenda antimigratoria de Donald Trump no tiene fin (...). Trump quiere despojar a estas comunidades de la representación y recursos para educación, cuidados sanitarios y ayuda alimentaria que justamente les corresponde", señaló la oposición en un comunicado divulgado poco después de la firma del memorando.
También la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones sociales más importantes del país, ha criticado duramente la medida y ha anunciado que tomara medidas legales.
"La Constitución requiere que todo el mundo en EE.UU. sea contabilizado en el censo. El presidente Trump no puede escoger y elegir. Ya intentó incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el censo y perdió en la Corte Suprema. Su último intento de convertir el censo en un arma para atacar a las comunidades inmigrantes será juzgada inconstitucional. Nos veremos en los tribunales y ganaremos otra vez", afirmó el director del Proyecto sobre el Derecho al Voto de la ACLU, Dale Ho, en un comunicado.
