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Estados Unidos le otorga el asilo político a exfiscal guatemalteco anticorrupción


ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de abril de 2019, Juan Francisco Sandoval, fiscal principal contra la impunidad de Guatemala, posa para una fotografía durante una entrevista en Ciudad de Guatemala.
ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de abril de 2019, Juan Francisco Sandoval, fiscal principal contra la impunidad de Guatemala, posa para una fotografía durante una entrevista en Ciudad de Guatemala.

El reconocido exfiscal Juan Francisco Sandoval confirmó que fue notificado la semana pasada sobre su asilo político en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense le otorgó el asilo político al exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha contra la corrupción y quien se exilió hace dos años tras denunciar una persecución por sus investigaciones.

“Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos, incluido el actual de [Alejandro] Giammattei”, dijo Sandoval la noche del miércoles en una entrevista telefónica desde Washington con The Associated Press.

Sandoval confirmó que fue notificado la semana pasada sobre su asilo.

El fiscal explicó que en los casos que investigó están involucrados los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2020), todos señalados de actos de corrupción.

El deterioro del Estado de Derecho en Guatemala recrudeció a partir 2019 durante el gobierno de Morales, quien puso fin al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigía Sandoval, llevó a juicio a poco más de mil personas, entre ellas expresidentes, magistrados, empresarios, legisladores y funcionarios públicos por corrupción y otros delitos.

Tras la salida de la CICIG —respaldada por las Naciones Unidas y financiada por la comunidad internacional— poco a poco los casos investigados fueron perdiendo apoyo y los funcionarios judiciales que intervinieron en ellos empezaron a recibir amenazas y denuncias. Unos 42 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio.

“Después de dos años afuera entiendo más que el Estado de Guatemala es un Estado capturado y que cualquier persona que cuestione o ponga en riesgo el sistema corrupto va a ser víctima del destierro, va ser privado de su libertad o corre peligro su vida”, dijo Sandoval.

Apunta a presidencia

Explicó que en su caso la persecución se intensificó cuando recibió información de casos que involucraban a Giammattei en supuestos actos de corrupción, como la presunta recepción de sobornos de empresarios rusos que buscaban operar proyectos mineros.

“También recibimos información de sobornos que habría recibido el mandatario de empresarios de la construcción para favorecerles en la adjudicación de obra pagada por el Estado”, dijo Sandoval.

Entonces la actual fiscal general Consuelo Porras se instaló durante días en la fiscalía de Sandoval para revisar todos los expedientes del caso. Pocos días después Porras fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Giammattei, que es cercano a Porras, ha negado las acusaciones y no se encuentra bajo investigación.

Sandoval abandonó el país la misma noche en que Porras lo destituyó del cargo y se quedó sin protección.

Tras su salida se presentaron al menos 100 denuncias y seis órdenes de aprehensión contra Sandoval, la mitad, dijo, por parte de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y civiles señalados de hechos de corrupción.

Sandoval manifestó cierta esperanza sobre el futuro.

El recién electo presidente Bernardo Arévalo ha dicho que cuando asuma el cargo traerá de regreso al país a los exiliados, que la fiscalía ya no recibirá presiones del Ejecutivo y que acabará con la corrupción incluso en el Ministerio Público. Porras dirige una escalada de acciones judiciales contra Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla: primero intentó evitar su participación en los comicios y ahora investiga un supuesto fraude en las elecciones.

“Los recientes eventos que intentan poner en peligro la decisión del guatemalteco en las urnas es porque los actores corruptos consideran que el vencedor de las elecciones pone en riesgo ese sistema corrupto, por eso están haciendo lo imposible e ilegal para evitar que asuma el poder", dijo Sandoval.

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