Los informes de una reducción drástica de la aplicación de la ley de inmigración dentro de Estados Unidos han provocado vítores de los defensores de los derechos y burlas de los críticos de la Administración Biden que ya estaban indignados por la situación en la frontera sur.
El diario The Washington Post informó esta semana que los arrestos de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos se redujeron significativamente en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.
Los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. mostraron que el total de 72.000 arrestos es el número más bajo en más de una década, según el medio de comunicación, y aproximadamente "la mitad de los totales anuales registrados" durante la Administración Trump.
En comparación, los agentes del ICE realizaron 104.000 arrestos administrativos durante el año fiscal 2020 y un promedio de 148.000 anualmente, desde 2017 hasta 2019, según el Post.
La Voz de América solicitó al ICE confirmación y comentarios sobre los datos de 2021, que aún no se han hecho públicos, pero la agencia no respondió.
El Foro Nacional de Inmigración con sede en Washington elogió la reducción de las aprehensiones como un "buen progreso" y "una señal de lo que sucede cuando la aplicación de la ley se centra en las amenazas a la seguridad pública".
El senador republicano Bill Hagerty de Tennessee tiene una opinión diferente.
"Al reducir drásticamente la aplicación de la ley de inmigración dentro de Estados Unidos, a pesar de la inmigración ilegal récord, la Administración Biden está elevando los intereses de los extranjeros ilegales por encima de los derechos de los estadounidenses", tuiteó el senador.
Al asumir el cargo en enero, el presidente demócrata Joe Biden ordenó un congelamiento de deportación de 100 días, así como revisar las políticas ejecutadas por las distintas agencias migratorias.
Tres días después, el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda para bloquear el congelamiento. Un juez federal detuvo temporalmente la orden de Biden y luego la detuvo indefinidamente en febrero.
A pesar de la intervención judicial, los arrestos en el interior del país se mantuvieron bajos, durante el resto del año fiscal, continuando una trayectoria descendente durante gran parte de la última década, en parte debido a la pandemia, pero también a la presión de la Administración Biden por un enfoque más "humano" de los arrestos interiores.
El DHS anunció recientemente una nueva guía de ubicación sensible. Con efecto inmediato, se espera que los agentes de inmigración de EE. UU. eviten la aplicación de la ley en lugares como mítines, ceremonias religiosas y lugares donde se reúnen los niños, entre otros.
Los arrestos del ICE en el interior superaron los 322.000, en 2011, durante la Administración Obama, cayendo a alrededor de 110.000 en 2016, antes de aumentar a alrededor de 158.000 en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump.
En septiembre, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, anunció que los agentes de inmigración abordarían la situación caso por caso y apuntarían principalmente a las amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública, así como a los que cruzaron recientemente la frontera.
"Las prioridades de ejecución para la detención y deportación siguen centradas en los no ciudadanos que son una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza", afirma un memorando del DHS.
Mayorkas dijo que las pautas, programadas para entrar en vigencia el 29 de noviembre "permitirán a nuestro departamento cumplir con nuestra misión de aplicación de la ley de la manera más efectiva ... y nos ayudarían a ejercer nuestra discreción procesal para lograr justicia".
La Administración Biden también se ha comprometido a detener las redadas de ICE en el lugar de trabajo y cambiar el enfoque de los agentes hacia los empleadores que están contratando y explotando a trabajadores indocumentados.
Durante la campaña presidencial de 2020, Biden prometió lo que llamó un enfoque más humanitario para la inmigración con destino a Estados Unidos. Con Trump, su predecesor republicano, ningún inmigrante indocumentado estuvo exento de la aplicación de la ley de inmigración, independientemente de cuánto tiempo hubiera vivido en Estados Unidos o si tenía antecedentes penales limpios.
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