El Gobierno de Ecuador recuperó este lunes el control de la cárcel en la ciudad de Cuenca, al sur del país, en la que este pasado fin de semana se registró un grave motín en el que perdieron la vida decenas de reclusos, informaron autoridades penitenciarias.
La violencia carcelaria que vive el país, señalan expertos y organismos de derechos humanos, obedece al abandono de las autoridades y a otros problemas más profundos como el hacinamiento, entre otros.
La reyerta acaecida en la cárcel El Turi, en un pabellón de máxima seguridad, donde se habrían enfrentado miembros de una misma organización criminal por el control del poder en el interior de la prisión, dejó como resultado al menos 20 reclusos muertos, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
En su último balance el ministro explicó que la forma en que las víctimas fueron asesinadas fue por mutilación, estrangulación y envenenamiento.
Señalamientos y recomendaciones
Luego de conocerse el nuevo motín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) republicó su último informe 2022 sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país suramericano.
El documento señala la ausencia de control efectivo del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos más graves, “lo que habría derivado que, en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas”.
El organismo también señala que las prisiones del país “están sobrepobladas en un 15% y albergan a unas 35.000” reclusos.
“La CIDH recomienda urgentemente no admitir a ninguna persona detenida al centro de Guayas 1 en Ecuador”, fue el mensaje que la institución dio al gobierno de Guillermo Lasso a través de su cuenta oficial de Twitter.
Por su parte el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en entrevista en la radio local Democracia, dijo que aunque en este momento la prisión donde se llevó a cabo el motín ya está controlada, “todavía la institución sigue siendo débil".
"Esto no creo que sea solamente una mala convivencia y rencor al interior, hay enormes intereses económicos", dijo el funcionario, quien además denunció que “muchos con el poder económico criminal logran espacios políticos y entonces ahí se van agravando las cosas”.
Más cuestionamientos
“Lo primero que deberíamos preguntarnos es quién ingresa y cómo ingresan las armas que sirven para la ejecución y el asesinato de cientos o de decenas de privados de la libertad”, dijo a la Voz de América el abogado constitucionalista y analista político Mauro Andino.
“Lo segundo, qué políticas públicas ha ejecutado el gobierno nacional para ejecutar la rehabilitación de los PPL”, cuestionó.
Para Andino la nueva masacre deja en evidencia la “inacción y la ausencia absoluta del Estado”.
En su último mensaje a través de sus redes sociales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, escribió que "la seguridad es prioridad #1 de nuestro gobierno. Cuando está en juego, actuamos de forma firme e inmediata. Por esto el ministro del Interior @CarrilloRosero ya inició el proceso de traslado de cinco cabecillas de bandas delincuenciales desde el CPL #Turi hacia el CPL La Roca".
De acuerdo con el gobierno ecuatoriano la violencia que se vive en las cárceles del país es provocada por las pandillas y afirma que solo en 2021 fueron víctimas de las revueltas 320 presos, incluidos 79 en febrero en varios disturbios simultáneos en cuatro prisiones.
La cifra más alta -119 muertos- se registró en septiembre en un penal de la provincia de Guayas, en el suroeste del país. Y dos meses después, en la misma instalación, 62 presos murieron en enfrentamientos entre miembros de bandas rivales utilizando explosivos, machetes y armas de fuego.
El país tiene 65 prisiones con una capacidad total de 30.000 plazas, pero con capacidad para 39.000 reclusos, incluidos 15.000 sin condena.
Ecuador incautó un récord de 210 toneladas de drogas en 2021 y poco más de 52 toneladas en el primer trimestre de 2022.
* Con información de AFP y Reuters.
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