España dio el jueves un paso más para respaldar los esfuerzos de paz para la Franja de Gaza al anunciar que pedirá al máximo tribunal de Naciones Unidas intervenir en el caso abierto contra Israel por presunto genocidio en la guerra que libra contra Hamás en el territorio palestino, según su ministro de Exteriores.
España es el primer país de la Unión Europea en sumarse al caso presentado el año pasado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que Israel estaba violando la convención para la prevención de genocidios con un operativo militar que dejó grandes zonas del sitiado enclave reducidas a escombros.
México, Colombia, Nicaragua, Libia y los palestinos están a la espera de que la CIJ acepte su pedido de intervención en el caso que se está juzgando en la sede del tribunal en La Haya, Países Bajos.
La CIJ ordenó a finales de mayo a Israel que detuviese de inmediato sus operaciones militares en Rafah, pero no llegó a ordenar un alto el fuego. En la ciudad, situada en la frontera sur del enclave con Egipto, se habían refugiado en los últimos meses más de un millón de palestinos que huían de los combates en el resto del territorio.
Israel no ha acatado la orden y sostiene que la ofensiva que comenzó a principios de mayo en Rafah, que considera como el último bastión del grupo insurgente, es necesaria para lograr su objetivo de neutralizar las capacidades militares y de gobierno de Hamás.
“Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza”, dijo el ministro español, José Manuel Albares. “Nuestro objetivo con esta decisión es que la paz regrese a Oriente Medio, y para ello es urgente que todos apoyemos al Tribunal”.
Una vez admitida, España podrá presentar escritos e intervenir en audiencias públicas.
Israel niega estar cometiendo genocidio en su guerra en Gaza, que comenzó tras el letal asalto insurgente liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre. La incursión dejó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y unos 250 rehenes. La ofensiva terrestre y aérea desplegada por Israel en el enclave costero se ha cobrado la vida de al menos 36.000 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo.
El anuncio de España se produjo horas después de un ataque de las fuerzas israelíes contra una escuela que acogía a palestinos desplazados en el centro de Gaza que mató a más de 30 personas, de acuerdo con funcionarios locales de salud. Según el ejército, milicianos de Hamás operaban desde el centro.
“Nuestro único objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar por fin en la aplicación de la solución de dos Estados, que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región. Todos ellos tienen derecho a la paz, el mismo derecho”, apuntó Albares, que hizo un nuevo llamado a un alto el fuego, a la liberación “inmediata e incondicional” de los rehenes y a la entrada de ayuda humanitaria al territorio.
“Lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí, eso es una labor del tribunal”, agregó el ministro, que reiteró el respaldo de su gobierno a las iniciativas de paz presentadas por Estados Unidos — el principal aliado internacional de Israel —, Egipto y Qatar, que actúan como mediadores desde el inicio del conflicto.
La solicitud de España es la última iniciativa del ejecutivo del socialista Pedro Sánchez para respaldar los esfuerzos de paz en Gaza.
España, Noruega e Irlanda reconocieron formalmente un Estado palestino el 28 de mayo en una decisión coordinada entre las tres naciones occidentales que incrementó la presión internacional sobre Israel. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, dijo entonces que, con el reconocimiento, el gobierno de Sánchez estaba “siendo cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra”.
Eslovenia, que junto a Madrid y Dublín forma parte de la Unión Europea, siguió los pasos de sus socios comunitarios esta semana.
Más de 140 países han reconocido un Estado palestino — más de dos tercios de Naciones Unidas — pero ninguna de las grandes potencias mundiales, incluyendo Estados Unidos, lo ha hecho.
El año pasado, la CIJ permitió que 32 países, entre ellos España, se unieran al caso de Ucrania contra Rusia por la supuesta violación de la convención contra el genocidio al acusar falsamente a Kiev de cometerlo en sus regiones orientales de Luhansk y Donetsk y de emplear este argumento como pretexto para su invasión.
En el caso contra Israel, las vistas preliminares han comenzado, pero la decisión definitiva de la corte podría demorarse años.
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