El gobierno centro-izquierdista de España reveló el viernes una serie de medidas para "primar siempre los derechos humanos" en materia de inmigración.
El Consejo de Ministros dio los primeros pasos para extender la cobertura pública de salud a los extranjeros sin permiso de residencia, anunció la ministra de Educación, Isabel Celaá, y dijo que el gobierno tendría un decreto preparado en seis semanas.
Celaá informó que el gobierno estudiaba la manera de retirar _"sin perder nada de la seguridad"_ el alambre de púas sobre las cercas fronterizas de Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África. Con frecuencia decenas de migrantes tratan de tomarlos por asalto para entrar a territorio español.
Las medidas del viernes _y la recepción del Aquarius, un barco de rescate con cientos de migrantes a bordo al que Italia y Malta cerraron sus puertos_ mostraron una ruptura tajante entre el nuevo presidente Pedro Sánchez y su predecesor Mariano Rajoy, cuyo gobierno de derecha era mucho más intransigente en materia de inmigración.
Rajoy había interrumpido la atención médica a los migrantes en 2012 para reducir costos. Su gobierno se había negado a retirar los alambres de púas, que los defensores de derechos humanos calificaban de crueles e ineficaces.
"Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas", señaló Celaá. "El gobierno va a primar siempre los derechos humanos".
El arribo del Aquarius al puerto de Valencia está previsto para el domingo.
Cada año decenas de miles de personas huyen de los conflictos o la pobreza extrema en África, el Medio Oriente o Asia y se lanzan al cruce del Mediterráneo en embarcaciones endebles de contrabandistas,
El viernes, el rescate marítimo español recogió a unos 270 migrantes y tres cadáveres de más de 30 botes en el estrecho de Gibraltar, en tanto helicópteros y buques buscaban al menos tres embarcaciones más.
La ruta del Mediterráneo occidental hacia España ha visto un aumento de los arribos. Según cifras de la ONU, 11.792 de 35.455 migrantes fueron rescatados o llegaron a Europa en los primeros cinco meses de 2018. Al menos 792 migrantes murieron en el cruce.
"Europa tiene que tener en cuenta de que Ceuta y Melilla son fronteras comunitarias, y que es preciso actuar en los países de origen y tránsito", dijo Celaá.
También dijo que la Unión Europea, cuyos 28 gobernantes discutirán la migración a fines de mes, necesita un "aldabonazo" sobre el tema.
El sindicato de la guardia civil española elogió el anuncio de la eliminación del alambre de púas, pero dijo que se necesitan más agentes y vehículos y una mejor tecnología de vigilancia.
El gobierno no cree que su nueva política provocará un aumento de la migración porque ésta ya está en marcha para huir de la pobreza y la violencia, dijo Celaá.
