En El Salvador se discute cada vez más la legalidad o no de una reelección presidencial inmediata. Por un lado, la Constitución de El Salvador, que data de 1983, lo prohíbe en sus artículos 88, 152 y 154, y, por otro, un fallo de la nueva Sala de lo Constitucional habilita al presidente salvadoreño Nayib Bukele a postularse nuevamente como candidato presidencial si así lo quisiera.
De acuerdo con cuatro abogados y constitucionalistas entrevistados por la Voz de América, para entender la legalidad o no de una posible reelección se debe analizar lo ocurrido el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva Asamblea, de mayoría oficialista, destituyó a los mandos de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional e impuso nuevos rostros.
Esa decisión trajo consigo varios cambios en la política del país centroamericano, entre ellos que la nueva Sala de lo Constitucional abrió el camino para la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele, en caso de que los salvadoreños lo eligieran nuevamente como presidente.
Y aunque el mandatario no se ha pronunciado al respecto, funcionarios de su gobierno como el vicepresidente Félix Ulloa y algunos legisladores vitorean cada vez y con más fuerza una posible reelección presidencial.
Según el abogado y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), José Marinero, las decisiones de la nueva Sala, incluida la posibilidad de que el presidente salvadoreño compita nuevamente en las urnas, no tienen valor jurídico, pues los magistrados que la dictaron “usurpan un cargo que jurídicamente no les corresponde”.
“La decisión de autorizar la reelección presidencial es una decisión enteramente ilegítima, no tiene ningún valor jurídico y no lo tiene porque proviene de un tribunal que no está legítimamente constituido”, dijo Marinero a la VOA.
La anterior Sala fue destituida por los aliados de Bukele en el Congreso tras analizar resoluciones que, según los diputados, fueron en contra de la salud y la vida de los salvadoreños. Sin embargo, la Ley de la Carrera Judicial enumera diez causales por las que se puede destituir a un funcionario, y de acuerdo con la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), “ninguna de las causales fue invocada” en la destitución de los magistrados.
Ahora, la nueva Sala emite resoluciones que de acuerdo con el vicepresidente de El Salvador son de obligatorio cumplimiento y “llamar a que no se cumplan es llamar a un desacato judicial”, dijo públicamente hace dos meses.
“La legitimidad de la Sala es lo medular. En primer lugar, la Sala legítima no fue destituida bajo un debido proceso ni bajo causales previamente establecidas en la Constitución o las leyes. La destitución fue producto de una mayoría legislativa coyuntural, pero eso no significa que fue hecho conforme a derecho”, dijo a la VOA la abogada constitucionalista Erika Saldaña.
El sobreseimiento emitido por la nueva Sala el 4 de septiembre de 2021 indica que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su período de cinco años y esperar 10 para buscar nuevamente la presidencia.
Pero a criterio de la abogada Marcela Galeas, es la misma Constitución la que cierra las puertas para una reelección.
“Si bien hasta el momento el presidente Bukele no ha dicho si optará a una reelección, pero es la misma Constitución la que no deja margen alguno para que eso pudiera suceder”, añadió a la VOA.
Uno de los artículos de la Constitución citados por la abogada fue el 152, el cual establece que “no podrán ser candidatos a la Presidencia de la República el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
El presidente Bukele ya entró en su cuarto año de mandato al frente del Ejecutivo, entre altos niveles de aprobación popular, cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción y con la aún incógnita de si buscará o no la reelección, algo que no ocurre en el país desde 1944.
Por su parte, el Tribunal Electoral, el cual dicta las reglas del juego en las elecciones salvadoreñas, ha dicho que acatará las resoluciones de la Sala, y que si el presidente Bukele así lo quisiese podrá participar como candidato a presidente por un partido político legalmente inscrito.
En una entrevista con la VOA, la abogada y especialista en derecho electoral Ruth López dijo que el deber del Tribunal Supremo Electoral es evaluar los casos de posibles candidatos de acuerdo con los requisitos que exige la Constitución de El Salvador.
“El Tribunal tiene que hacer un control constitucional de los requisitos, tiene que evaluar si la persona que se está postulando cumple con los requisitos legalmente establecidos en la Constitución”, dijo.
Salvadoreños apoyarían reelección
Las posibilidades de que el presidente se reelija parecen estar respaldas no solo por las instituciones sino por la mayoría popular.
Con base en una encuesta a nivel nacional, el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) concluyó que siete de cada 10 salvadoreños apoyarían la reelección de Bukele.
Si bien el mandatario salvadoreño goza de amplia popularidad, también ha enfrentado varias manifestaciones con miles de salvadoreños, algo que no vivieron sus antecesores.
Pese a que varios reportajes periodísticos hablan de un pacto del gobierno con las pandillas y que la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han señalado de “autoritaria” su forma de gobierno, eso no parece desgastar la imagen del mandatario ante la mayoría de ciudadanos.
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